“La ley Cafiero es un mandato constitucional”

El ex senador Antonio Cafiero defiende la ley que se conoce con su nombre y asegura que “el Estado Nacional no puede desprenderse completamente de la Policía Federal, ni los porteños pretender que el conjunto de las provincias solventen su presupuesto”

23 de junio de 2007

Maquiavelo tuvo una desgracia. Escribir un libro para el Conde Medici en el que recopilaba casos de Príncipes que supieron conservar el poder, aun con métodos poco convencionales. Muchos de quienes estudian a este autor dicen que él era un republicano, pero su gran best seller le hizo la fama y la cama: hoy Maquiavelo es sinónimo de alguien dispuesto a todo para conseguir sus fines.

Algo similar sucede con Antonio Cafiero. Pese a su larga trayectoria política, hoy su nombre parece ser sinónimo de una ley de su autoría, la que “garantiza los intereses del Estado nacional en la ciudad de Buenos Aires”; tal vez su nombre tan largo hace que todos la conozcamos simplemente como la “Ley Cafiero”, norma que pareciera haberse convertido en sinónimo de todos los males de la Ciudad de Buenos Aires, porque es la que impide que la Capital tenga su policía y justicia propia.

Sin embargo, Antonio Cafiero se defiende: “Es una ley justa”, dice antes de comenzar la charla con Parlamentario y recuerda que en 1995 su proyecto fue aprobado por amplia mayoría en el Parlamento nacional.

En entrevista con Parlamentario, el ex senador responde a todas las preguntas sobre su polémico proyecto, y aunque reconoce que hoy puede ser susceptible a modificaciones, asegura que la base se debe mantener.

Por mayoría

- Desde hace varios años, y especialmente en esta campaña electoral porteña, los distintos candidatos a jefe de Gobierno señalan al proyecto de su autoría como uno de los responsables del problema de la seguridad en la Ciudad ¿Qué siente cuando acusan a esta ley por todos los males? 

- Creo que es importante hacer una diferenciación. Una cosa son los problemas de Buenos Aires y otra la ley. No tiene nada que ver la forma en que se ha venido administrando la Ciudad de Buenos y los problemas de sus vecinos con una ley que dispuso -tal como lo establecía explícitamente la Constitución Nacional reformada en 1994- otorgarle al Estado Nacional determinadas garantías al ceder a la Ciudad Autónoma jurisdicción sobre temas que fueron históricamente de su competencia.

- Pero hoy, habiendo pasado más de 10 años de su sanción, ¿cree que fue un error haber presentado ese proyecto, o fue un mal necesario? 

- Insisto. El dictado de esa ley es un mandato constitucional.

- ¿Y cree que su redacción es la correcta? 

- Su redacción fue votada por una amplísima mayoría en el Congreso Nacional.

- Hoy los candidatos y la mayoría de los porteños piden derogarla. ¿Usted cree que hay que eliminarla, como piden? 

- No sé si hay que derogarla o no. Lo que sí estoy seguro es que, suponiendo que el Congreso Nacional la derogue, debería inmediatamente votarse otra ley de garantías para cumplir con la Constitución.

- O sea que según su criterio siempre debería haber alguna ley que garantice determinados derechos de la Nación sobre la ciudad capital. ¿Pero entonces acuerda que mientras esto se regule la ley puede ser modificada? 

- Sí, ciertamente la ley es susceptible de ser modificada.

- ¿Qué cambios le introduciría hoy? 

- El tiempo transcurrido permite legislar contando ahora con la experiencia acumulada en la materia, la que obviamente no existía al momento de su sanción. Debe tenerse en cuenta que la ley se basó en el criterio de consensuar una construcción progresiva de la autonomía porteña. No debe olvidarse que la Ciudad es la Capital de todos los argentinos, y que muchas de las funciones que se pretende se traspasen sin más fueron construidas con largo esfuerzo por todos los argentinos. Es un debate en el que no pueden estar ausentes el resto de las provincias.

- Si tuviera que volver a redactar el proyecto, ¿Lo haría de la misma forma? 

- El proyecto de ley fue ampliamente debatido en su momento y tuvo en cuenta los consensos existentes. No creo que ellos hayan variado sustancialmente al presente, en cuyo caso no habría por qué arrepentirse de sus enunciados.

La Federal es de todos

La denominada Ley Cafiero establece parámetros para el Gobierno en una jurisdicción que sin dudas es compartida por el Presidente y el jefe de Gobierno. En algunos países del mundo -como Estados Unidos- la Capital sigue estando bajo la órbita del Presidente. De hecho los ciudadanos de Washington no tienen siquiera representación igualitaria con voz y voto en el Congreso.

El caso argentino es distinto: Buenos Aires no sólo es la Capital política del Estado Argentino sino su principal ciudad; en ese sentido sería más asimilable a Nueva York que a Washington. La comparación no es menor: es justamente esa ciudad la que logró revertir índices alarmantes de inseguridad gracias a la política decida por su intendente Rudolph Giuliani. Es el mismo ejemplo el que usa Mauricio Macri para decir que puede terminar con la inseguridad. Claro que para eso necesita contar con la policía propia. Sobre esto también opina Cafiero.

- ¿La Ciudad de Buenos Aires debe tener su policía propia? 

- La ley vigente autoriza a la Ciudad a tener una policía local. Probablemente algunos dirigentes porteños piensen que este ámbito jurisdiccional es estrecho y que correspondería ampliarlo. Nadie puede negarse a debatir el tema…

- ¿Pero quién debe financiarlo? 

- Bueno ahí está el problema. Es cierto que nadie puede negarse a debatir la creación de la policía de la Ciudad, pero de allí a pretender que la Policía Federal, sin más, dependa del jefe de Gobierno porteño, existe un abismo muy difícil de saltar. Por razones históricas, funcionales y operativas, el Estado Nacional no puede desprenderse completamente de la Policía Federal, ni los porteños pretender que el conjunto de las provincias solventen su presupuesto.

- ¿Qué candidato cree que tiene más chances de lograr la derogación de la ley, en caso de llegar a la Jefatura de Gobierno? 

- El más explícito ha sido Mauricio Macri, quien ha demandado la inmediata derogación de la ley, pero el problema es que no le ha explicado al pueblo de la Ciudad cómo piensa reemplazarla.



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