IV Mensaje Presidencial: 1º de Mayo de 1986


Mensaje del Dr. Raúl Alfonsín a la Honorable Asamblea Legislativa

TRASLADO DE LA CAPITAL FEDERAL

Honorable Congreso:

Nuestro empeño en disolver las dicotomías pasadas, como requisito para fundar una democracia estable, nos lleva también a tomar por las astas una de las situaciones que más han influido para crearlas. Me refiero a las históricas tensiones entre la ciudad de Buenos Aires y el interior del país, derivadas de la macrocefalia y el hegemonismo del gran puerto.

Hemos tomado por ello la iniciativa de promover el traslado de la Capital Federal a la zona de Viedma y Carmen de Patagones, en una resolución orientada en parte a resolver aquel viejo desequilibrio histórico entre las provincias y la urbe porteña, y en parte a cumplir la tarea tan largamente demorada de ocupar humana y económicamente nuestros vastos espacios meridionales.

Con este traslado se aspira a que el país emprenda por fin su gran marcha pendiente hacia el Sur, en una epopeya de desarrollo y creatividad que evoque por sus proyecciones la cumplida por nuestros abuelos en la pampa húmeda. También aquí se puede decir que todo esto es inoportuno que no se puede soñar con epopeyas transformadoras del país cuando están pendientes de solución los dramáticos problemas cotidianos del sueldo que no alcanza o de las excesivas tasas de interés.

Pero la historia no ofrece ejemplos de soluciones estables para los problemas inmediatos que no estén insertas en un gran proyecto unificador de voluntades. Los pueblos sólo avanzan impulsados por una conciencia común de desafío. Y en este sentido es hoy más que oportuno responder a las urgencias inmediatas y a las grandes penurias que padece el pueblo argentino con un llamado a reformular globalmente nuestra vida comunitaria.

El eventual traslado de la Capital Federal no tendría sentido como una medida aislada; en ese caso sería expresión de un mero voluntarismo que no tendría mayores efectos en la estructura organizativa y productiva del país. Ese traslado debe verse como parte de un programa integral dirigido a producir un desarrollo equilibrado y equitativo de las distintas regiones del país, propendiendo a una materialización genuina del federalismo y de la descentralización del poder político, económico y social.

Es evidente que ese desarrollo armonioso de todo el país requiere revertir la nociva tendencia histórica hacia el crecimiento gigantesco de la zona que rodea al puerto de Buenos Aires, a costa de la despoblación y el empobrecimiento del resto del territorio nacional. El crecimiento de la actual Capital generó una desmesurada megalópolis que fue gradualmente invadiendo, paralizando o distorsionando las fuerzas del país; ha significado en los hechos una deformación del sistema político nacional y del núcleo de creencias y conceptos fundamentales que dieron origen a nuestra Nación.

La reversión de esa tendencia debe tomar en cuenta los derechos, las necesidades y las aspiraciones de cada una de las provincias argentinas. Pero cada una de ellas se beneficia con el progreso de las demás, y hay una región del país que ofrece enormes posibilidades de multiplicación de los esfuerzos que en ella se inviertan: ella es la Patagonia.

El avance hacia el Sur, hacia el mar y hacia el frío permitirá explotar sus inmensas riquezas en beneficio del conjunto del país. Nos hará tomar mayor conciencia de que debemos ser un pueblo oceánico, de cara al Atlántico, tanto en el marco productivo, como en el energético y el de la investigación científica.

El traslado de la Capital al sur del país se inscribe, entonces, dentro de un plan general de desarrollo patagónico que debe incluir también las obras de infraestructura necesarias, el asentamiento de pobladores en distintas áreas, la explotación de las riquezas mineras, la integración vial, la construcción de puertos, la instalación de industrias y el aprovechamiento de las posibilidades turísticas que brinda la región.

Los gastos que implique este traslado constituyen en verdad una inversión reproductiva, cuyos beneficios se harán sentir en todos los planos de la vida nacional, comenzando por el económico.

En relación con la financiación del proyecto cabe consignar que sólo requerirá la existencia de un capital rotativo, recuperable en función de la modalidad operativa que se aplicará.

En tal sentido se ha previsto en el proyecto que toda el área del Distrito Federal estará sujeta a expropiación, e indudablemente tal previsión deberá ser llevada a cabo inexorablemente, ya que no cumplimentar este requisito significará promover la especulación en perjuicio de toda la comunidad.

De los conceptos que anteceden se deduce que sancionada la ley de traslado de la Capital, deberá ser expropiada inmediatamente la tierra destinada al ejido urbano así como áreas puntuales asignadas a otros usos.

Es necesario, además, puntualizar cuáles son los roles que corresponden al Estado en la concreción del proyecto de relocalización y cuáles son los que deberá asumir el sector privado.

El Estado tendrá obligatoriamente a su cargo las obras correspondientes a la infraestructura de servicio de la ciudad, los edificios de los organismos que se trasladen, viviendas para funcionarios y equipamiento educacional y sanitario; a su vez el sector privado asumirá la realización de todas las obras correspondientes a sus actividades: comercios, finanzas, oficinas, estudios profesionales, esparcimiento y cultura, abastecimiento, industria de servicios, espectáculos públicos, exposiciones, núcleos habitacionales y hotelería. Cabe recordar que, además, todas las naciones tendrán las sedes de sus representaciones en la nueva capital, lo que implicará la inversión correspondiente por parte de cada una de ellas.

La intervención del sector privado implica la adjudicación de tierras para materializar sus proyectos que se efectivizará a través de un sistema de venta por parte del Estado, que incluirá la plusvalía generada por la inversión estatal, de modo tal que retorne a la comunidad la inversión que la misma ha realizado a través de las obras construidas por el sector público.


El traslado significará, además, la posibilidad de desprenderse de muchos inmuebles ubicados en distintos sectores de la actual capital, que hoy están ocupados por personal que se radicará en la nueva sede, lo que ofrece una posibilidad de recupero que contribuirá a la financiación necesaria.

En todo esto está presente el enorme efecto multiplicador que genera la construcción, lo que reactivará en forma significativa múltiples industrias que participarán en la materialización de la nueva capital, sin necesidad de importación alguna.

Pero el beneficio mayor que esperamos es el provecho espiritual de ofrecer nuevas fronteras mentales a los argentinos. Pensamos sobre todo en los más jóvenes y en la posibilidad de presentarles nuevas alternativas de vida, frente a la rutina mediocre y al consumismo insatisfecho que muchas veces se les presenta como el único destino posible. Queremos despertar en ellos el espíritu pionero, el espíritu de aventura, para que muchachas y muchachos vayan a explorar nuevas tierras y conquistar pacíficamente espacios, para fundar familias y criar hijos en un ámbito en que el horizonte lo trace la propia voluntad.

Pero hay aún otras consecuencias.

Hemos heredado un aparato estatal sobreburocratizado, con vastas áreas de personal en las que la asunción corporativa de sus propios intereses tendía a prevalecer sobre la funcionalidad de su papel como servidores públicos.

Con un volumen en continuado aumento, como producto en parte del clientelismo político y en parte del desarrollo alcanzado también en este sector por mecanismos de autodefensa corporativa que impedían racionalizar su labor, la administración pública cobró dimensiones que desbordaban su propia función, restando eficacia al Estado y determinando un progresivo desplazamiento de fuerza laboral a sectores no productivos con grave perjuicio para la economía global del país.

Hemos emprendido en este terreno una acción orientada a revertir aquel proceso de burocratización, en términos compatibles con la justicia social y con una línea de principio que descarta el desempleo como una solución económica moralmente aceptable.


Con el congelamiento de vacantes logramos inicialmente estabilizar el volumen del personal adscrito al Estado, poniendo término a su histórica tendencia al crecimiento, y a partir de septiembre de 1985 este esfuerzo comenzó finalmente a traducirse en una efectiva y progresiva reducción del sector público. Entre el mes señalado y marzo último, las bajas han superado las altas en un total de aproximadamente 15 mil agentes.

La decisión del traslado de la Capital no es una iniciativa auto-contenida, sino que forma parte de un proyecto más amplio de reforma del Estado y es una manifestación de la voluntad de transformación y modernización de la Argentina.

El cambio de la sede geográfica del principal centro de decisiones del país tiene evidentes consecuencias espaciales, tanto en lo referente a la relocalización de las actividades de los actores políticos, sociales y económicos, como en la inevitable evolución de sus interrelaciones. Dos rasgos adicionales deben subrayarse, todavía: primero, que este traslado no es un cambio evolutivo, incremental, sino una deliberada y decisiva discontinuidad histórica, que cambia bruscamente la fisonomía del país al remover la localización de su nudo decisorio fundamental. Por último, que esta discontinuidad en lo espacial, en sentido amplio, se producirá seguramente, cualquiera sea la forma en que se efectúe la mudanza.

Menos evidente, pero tal vez más importante todavía, es que el traslado también puede ser la ocasión que haga posible lograr un salto cualitativo en las pautas de funcionamiento del Estado y en los niveles de rendimiento y compromiso de su administración. Muy particularmente en lo que hace al desempeño del gobierno, entendiendo como tal al ámbito de definición de políticas y de gestión estratégica. Sucede que éste no es un resultado que deba obtenerse necesariamente a partir de la realización del traslado, sino que puede ser obtenido si, y solamente si, la decisión del traslado lo incorpora y jerarquiza como objetivo, y entonces, para lograrlo, éste se encara y realiza de manera que lo trasladado sea distinto que lo que queda, y no una muestra representativa de la administración actual.

De otro modo, resignándose a que cada traslado consista en un desplazamiento de un paquete de "los mismos" para "hacer lo mismo" en la nueva Capital, sólo se lograría como resultado una costosa reproducción, en Viedma, de los defectos y fallas de la administración que ya tenemos en donde estamos.

Por esto, solamente definiendo cómo se quiere que opere el nuevo Estado, su gobierno y su administración pública, para el conjunto de funciones que se decida trasladar a la nueva Capital, será posible diseñar un esquema administrativo adecuado para desempeñarlas, concentrando allí los mejores elementos e instrumentos para asegurar el éxito de la operación, aprovechando al máximo como oportunidad (y no como obstáculo a superar) el hecho de la discontinuidad espacial determinado por la mudanza, y tratando de extender la discontinuidad al ámbito de las malas prácticas y las viejas rutinas. Es decir, buscando que el traslado de una sede a la otra coincida, también, con el paso de una cultura administrativa mediocre, vetusta e impotente, la de la "elusión de la responsabilidad", a una nueva cultura administrativa tecnológicamente modernizada, pero modernizada también en materia de compromiso democrático, capacidad intelectual, solvencia profesional y espíritu de cuerpo.

Aclaremos de paso que los traslados a la nueva sede no serán compulsivos, de modo de no generan incertidumbre injustificada en el personal.
Publicar un comentario