"Hay mucho mas que decir de Alfonsin y el verdadero concepto de Democracia"

Por Juan Pablo Serra




Cada vez que se acerca el 24 de marzo se conmemora (desde este año con un poco comprensible feriado) el inicio de la que fue probablemente la más negra de las páginas de la historia Argentina.

Sin embargo, me consta que muchos no saben cuando finalizó esa triste etapa de supresión de la democracia.

Hace 25 años, exactamente el 30 de octubre de 1983 los argentinos asistían a las urnas y eligieron contra muchos pronósticos al candidato no peronista, Raul Alfonsín.

Lamentablemente, la historia empieza a rescatarlo tarde. Alfonsín era mala palabra durante los 90, gracias al incipiente bienestar económico de la primera presidencia de Menem, que contrastaba con la imagen de hiperinflación y saqueos (sospecho que provocados) de los últimos días del hombre de Chascomús.

Hay mucho más para decir de Alfonsín y del verdadero concepto de democracia. Una democracia incipiente, débil y moldeable, que Alfonsín intentaba dar forma, con un profundo respeto de las instituciones.

Jugó a todo o nada. Una de sus primeras acciones de gobierno fue una fuertísima apuesta, enjuiciar a las organizaciones guerrilleras y a las juntas militares que gobernaron la Argentina entre 1976 y 1982, el resultado fue el enjuiciamiento y encarcelamiento de los líderes militares. No cayó nada bien en las Fuerzas Armadas esta decisión y continuos sublevamientos de la amplia mayoría de los militares obligaron a la negociación de Semana Santa en el 87 que trajo como resultado la sanción de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida que, vale destacar, fueron sancionadas por el Congreso (a diferencia de los decretos). Si bien quizás fue inoportuno y poco político en el manejo confrontativo del tema militares, sus acciones empezaron a debilitar a las fuerzas, tarea que se concluyó con métodos menos transparentes en el gobierno de Menem y que los Kirchner no hicieron más que dar el tiro de gracia y llevarse los laureles.

Otro fuerte desafío que encaró fue el intento de democratizar a los sindicatos, que quizás hubiese herido gravemente el poder personalista del cartel de los eternos líderes sindicales. La ley planteaba la inclusión de las minorías en la conducción de los sindicatos. Este inciativa, también pasó por el Congreso y fue aprobada en la Cámara de Diputados y rechazada por un voto entre los Senadores.

Alfonsín también intentó trasladar la Capital de nuestro país a la Patagonia, para terminar con el federalismo de la boca para afuera y avanzar a un más profundo federalismo real. También se sancionó una ley con amplias mayorías en ambas cámaras, pero nunca se pudo llevar a cabo.

Hace 25 años, en la Argentina volvía la democracia, y se hablaba de sentar de bases y estructuras sólidas para el desarrollo del país, lamentablemente el líder de ese proceso, que sin dudas tenía un proyecto de país fue devorado por la coyuntura. Mal o bien puso la piedra fundamental de algo que nunca empezó a construirse.

A 25 años de ese histórico momento, el deterioro institucional, la baja calidad de los dirigentes, la desconfianza de los votantes y el extremo cortoplacismo son moneda común en nuestra sociedad.

Reitero que considero importante la reflexión cada 24 de marzo sobre el inicio de una etapa oscura, para que no vuelva nunca más. Pero me parece tremendamente importante la reflexión del 30 de octubre sobre estos 25 años de democracia, sobre lo ocurrió y sobre lo que viene. Lamentablemente tenemos que hacerlo por nuestra cuenta, porque ningún sector político nos va a fogonear a hacerlo, ya que quizás no es útil a sus intereses, pero es nuestro deber como ciudadanos.



FUENTE: articulo publicado en la sección Carta de Lectores del Diario Río Negro el dia 11/12/2008

http://rionegro.com.ar/diario/2008/11/12/cartas_de_lectores.php#1226460076100

Descentralización y Desconcentración Administrativa

por Pablo Fernández de Castro
iure@hotmail.com

Introducción

La satisfacción de los intereses colectivos por medio de la función administrativa se realiza fundamentalmente por el Estado. Para Gabino Fraga la función administrativa, desde el punto de vista formal, se define como “la actividad que el Estado realiza por medio del Poder Ejecutivo”, y desde el punto de vista material como “la actividad que el Estado realiza bajo un orden jurídico, y que consiste en la ejecución de los actos materiales o de actos que determinan situaciones jurídicas para casos individuales”.

Para ese objeto el Estado se organiza en una forma especial adecuada sin perjuicio de que otras organizaciones realicen excepcionalmente la misma función administrativa[1].

Tal organización especial constituye la administración pública, que debe entenderse desde el punto de vista formal como “el organismo público que ha recibido del poder político la competencia y los medios necesarios para la satisfacción de los intereses generales”[2] y desde el punto de vista material como “la actividad de este organismo considerado en sus problemas de gestión y de existencia propia tanto en sus relaciones con otros organismos semejantes como con los particulares para asegurar la ejecución de su misión”[3]. Con un criterio análogo, Georges Vedel considera a la administración, en sentido funcional, como designado a una cierta actividad, y como el conjunto de personas cumpliendo tareas de administración, en su acepción orgánica. Es decir, la administración pública presupone tanto la actividad administrativa que desarrolla el Estado, como el conjunto de órganos que desarrollan dicha actividad.

Los órganos de la administración pública son las unidades entre las que se divide la competencia del Estado en materia administrativa y sus titulares son aquellas personas físicas que forman y exteriorizan la voluntad de éste.

Es necesario, entonces, distinguir entre el órgano y su titular, pues mientras el primero representa una unidad abstracta, una esfera de competencia, el titular representa una persona concreta que puede cambiar sin afectar el órgano y que tiene, además de la voluntad que en la esfera de competencia del órgano representa la del Estado, una voluntad dirigida a la satisfacción de sus propios intereses.

Por su parte, Acosta Romero afirma que la administración pública es la parte de los órganos del Estado que dependen directa o indirectamente del Poder Ejecutivo; tiene a su cargo toda la actividad estatal que no desarrollan los otros poderes, su acción es continua y permanente, siempre persigue el interés público, adopta una forma de organización jerarquizada y cuenta con: a) elementos personales; b) elementos patrimoniales; c) estructura jurídica y d) procedimientos técnicos. Sin embargo precisa Vedel: la administración pública no es la única función del Ejecutivo, pero la administración es exclusivamente su responsabilidad.

En México, el Poder Ejecutivo es unipersonal y se deposita su ejercicio en el Presidente de la República quien es, al mismo tiempo, jefe de Estado, jefe de gobierno y jefe de la administración pública. Así pues, además de la función administrativa, el Poder Ejecutivo mexicano desarrolla funciones de gobierno y de Estado.

En México, en virtud del sistema federal que caracteriza al Estado, existen tres niveles de gobierno: el municipal, el estatal y el federal, en cada uno de los cuales se puede encontrar el correspondiente nivel administrativo.

La administración pública, como parte del aparato administrativo se rige por el principio del Estado de Derecho y en virtud de su actividad se encuentra subordinada al mandato de la norma jurídica. Toda actividad del Estado en materia administrativa es objeto del derecho administrativo, por lo que es preciso establecer su definición.

El derecho administrativo es la rama del derecho público que tiene por objeto regular la actividad del Estado que se realiza en forma de función administrativa para satisfacer las necesidades esenciales de la colectividad. El poder encargado normalmente de la administración pública es el Ejecutivo, aunque no es el único.

El derecho administrativo regula, salvo algunas variantes:

La estructura y organización del poder encargado normalmente de la función administrativa.

Los medios patrimoniales y financieros de que la administración pública necesita para su sostenimiento y para garantizar la regularidad de su actuación.

El ejercicio de las facultades que el poder público debe realizar bajo la forma de la función administrativa.

La situación de los particulares con respecto a la administración.

El artículo 90 constitucional precisa que la administración pública federal será centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que expida el Congreso de la Unión (Ley Orgánica de la Administración Pública Federal), la que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las secretarías de estado y departamentos administrativos (LOAPF, art. 2º) y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Poder Ejecutivo en su operación.

Conforme al artículo 1º de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Poder Ejecutivo Federal se auxilia, para cumplir con sus funciones administrativas, de las dependencias de la administración centralizada y las entidades paraestatales. En la primera categoría se encuentran: la Presidencia de la República, las secretarias de estado, los departamentos administrativos y la Procuraduría General de la República. Por otra parte, los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y fianzas y los fideicomisos, integran la administración pública paraestatal.

La organización administrativa se presenta bajo diversas modalidades, pero a los tipos a los que éstas pueden reducirse son fundamentalmente dos: el Régimen de centralización y el régimen de descentralización.


Centralización

Existe el régimen de centralización administrativa cuando los órganos se agrupan colocándose unos respecto a otros en una situación de dependencia tal que entre todos ellos existe un vínculo que, partiendo del órgano situado en el más alto grado de ese orden , los vaya ligando hasta el órgano de ínfima categoría, a través de diversos grados en los que existen ciertas facultades.

La relación jurídica que liga a los diversos órganos colocados en la situación que se acaba de describir, constituye lo que se denomina relación de jerarquía.

Mediante dicha relación se explica como se mantiene la unidad del poder administrativo, a pesar de la diversidad de los órganos que lo forman.

La relación de jerarquía consiste en una relación de dependencia que implica ciertos poderes de los órganos superiores sobre los inferiores, en cada grado de la jerarquía, hasta el Presidente de la República, que es el jefe jerárquico superior de la administración pública federal.

En México, el régimen centralizado, constituye la forma principal de la organización administrativa. Su estudio viene a ser el de la organización del Poder Ejecutivo, en cuyas manos se concentra principalmente la mayor parte de la función administrativa.

El Presidente tiene, según la Constitución, un doble carácter: de órgano político y de órgano administrativo. Su carácter de órgano político deriva de la relación directa e inmediata que guarda con el Estado y con los otros órganos representativos del mismo Estado. Dentro de la esfera que le señala la ley, su voluntad constituye la voluntad del Estado.

Como autoridad administrativa, el Presidente de la República constituye el jefe de la administración pública federal.

Ocupa el lugar más alto de la jerarquía administrativa, concentrando en sus manos los poderes de decisión, de mando y jerárquico necesarios para mantener la unidad en la administración.


Descentralización

Gabino Fraga define la descentralización en los términos siguientes: “Al lado del régimen de centralización existe otra forma de organización administrativa: la descentralización, la cual consiste en confiar la realización de algunas actividades administrativas a órganos que guardan con la administración central una relación que no es la de jerarquía” y concluye: “el único carácter que se puede señalar como fundamental del régimen de descentralización es el de que los funcionarios y empleados que lo integran gozan de una autonomía orgánica y no están sujetos a los poderes jerárquicos.

Así aparece, una diferencia fundamental entre la descentralización y la centralización administrativas, ya que en esta última todos los órganos que la integran están ligados por la relación jerárquica que implica una serie de poderes superiores respecto de los actos y de los titulares de los órganos inferiores.

La descentralización administrativa se distingue de la descentralización política que se opera en el régimen federal, porque mientras que la primera se realiza exclusivamente en el ámbito del Poder Ejecutivo, la segunda implica una independencia de los poderes estatales frente a los poderes federales.

Además, en tanto que la descentralización administrativa es creada por el poder central, en la descentralización federal los estados miembros son los que crean al Estado federal, participan en la formación de la voluntad de éste y su competencia no es derivada, como es la de los órganos administrativos descentralizados, sino que, por el contrario es originaria en el sentido que las facultades son atribuidas expresamente al Estado federal se entienden reservadas a los Estados miembros.

Para el diccionario de la Lengua Española, la palabra descentralización significa acción y efecto de descentralizar y esta última: “Transferir a diversas corporaciones u oficios parte de la autoridad que antes ejercía el gobierno supremo del Estado”[4].

Descentralización para el derecho administrativo es una forma jurídica en que se organiza la administración pública, mediante la creación de entes públicos por el legislador, dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, y responsables de una actividad específica de interés público. A través de esta forma de organización y acción administrativas, que es la descentralización administrativa, se atienden fundamentalmente servicios públicos específicos.

Por su parte, Andrés Serra Rojas explica que descentralizar no es independizar, sino solamente dejar o atenuar la jerarquía administrativa, conservando el poder central limitadas facultades de vigilancia y control.

La autonomía de los órganos descentralizados presupone no estar sujetos a la administración central, esto es, no estar sujetos a las decisiones jerárquicas de ésta. Dotar de personalidad jurídica y patrimonio propios, a los entes descentralizados es una forma de asegurar en parte esa autonomía, pero falta su autonomía económica consistente en la libre disposición de los bienes que forman su patrimonio propio y en la aprobación y ejecución que hagan de su presupuesto sin injerencia de ninguna autoridad central.

La descentralización ha adoptado tres modalidades diferentes, que son:

1. Descentralización por región. Consiste en el establecimiento de una organización administrativa destinada a manejar los intereses colectivos que correspondan a la población radicada en una determinada circunscripción territorial. Esta modalidad de la descentralización se adapta de una manera más efectiva a las aspiraciones democráticas, y además, desde el punto de vista de la administración, significa la posibilidad de una gestión más eficaz de los servidores públicos, y por lo mismo, una realización más adecuada de las atribuciones que al Estado corresponden. Los organismo descentralizados por región son aquellos que atienden y satisfacen las necesidades públicas de una región, como es el municipio[5].

2. Descentralización por servicio. El Estado tiene encomendada la satisfacción de necesidades de orden general, que requiere procedimientos técnicos sólo al alcance de funcionarios que tengan una preparación especial. La forma de conseguir ese propósito es dar independencia al servicio y constituirle un patrimonio que sirva de base a su economía. Los organismos descentralizados por servicio son aquellos que prestan determinados servicios públicos (Comisión Federal de Electricidad, Ferrocarriles Nacionales de México, Instituto Mexicano del Seguro Social, Universidad Nacional Autónoma de México, etc.).

3. Descentralización por colaboración. Constituye una modalidad particular del ejercicio de la función administrativa con caracteres específicos que la separan notablemente de los otros dos tipos anteriores de descentralización. La descentralización por colaboración se origina cuando el Estado adquiere mayor ingerencia en la vida privada y cuando, como consecuencia, se le presentan problemas para cuya resolución se requiere una preparación técnica de que carecen los funcionarios políticos y los empleados administrativos de carrera. Para tal evento, se impone o autoriza a organizaciones privadas su colaboración, haciéndolas participar en el ejercicio de la función administrativa. De esta manera, la descentralización por colaboración es una de las formas del ejercicio privado de las funciones públicas.

En estos tres tipos de descentralización no hay caracteres idénticos y uniformes, pues a diferencia de la centralización, aquel régimen constituye una tendencia de alcances muy variables. Sin embargo, y reconociendo todos los matices que pueden revestir los organismos descentralizados, la doctrina ha tratado de fijar algún carácter esencial común para todos ellos.

Así pues, el único carácter que se puede señalar como fundamental del régimen de descentralización es el de que los funcionarios y empleados que lo integran gozan de una autonomía orgánica y no están sujetos a los poderes jerárquicos característicos del régimen centralizado en el que las autoridades superiores tienen determinadas facultades con relación a las personas y a los actos de los empleados inferiores.


Desconcentración

La centralización y la desconcentración responden a la misma noción de organización administrativa centralizada. La desconcentración está dentro del cuadro de la centralización, que sólo se distingue por la forma periférica en que desarrolla sus funciones.

Los órganos desconcentrados son parte de la centralización administrativa cuyas atribuciones o competencia la ejercen en forma regional, fuera del centro geográfico en que tiene su sede el poder central supremo. Luego pueden desconcentrarse las administraciones federal, estatal y municipal. La administración del Distrito Federal tiene como principales órganos desconcentrados as las delegaciones políticas.

Es entonces, la desconcentración, la forma jurídico-administrativa en que la administración centralizada con organismos o dependencias propias, presta servicios o desarrolla acciones en distintas regiones del territorio del país. Su objeto es doble: acercar la prestación de servicios en el lugar o domicilio del usuario, con economía para éste, y descongestionar al poder central.

Para el jurista español, De la Vallina Velarde, la desconcentración es “aquel principio jurídico de organización administrativa en virtud del cual se confiere con carácter exclusivo una determinada competencia a uno de los órganos encuadrados dentro de la jerarquía administrativa, pero sin ocupar la cúspide de la misma”[6].

La desconcentración está consagrada en el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a saber: “Para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, las Secretarías de Estado y los Departamentos administrativos podrán contar con órganos administrativos desconcentrados que les estarán jerárquicamente subordinados y tendrán facultades específicas para resolver la materia y dentro del ámbito territorial que se determine en cada caso, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.”


Descentralización y Desconcentración

Se distingue la descentralización de la desconcentración, ya que ésta consiste en atribuir facultades de decisión a algunos órganos de la administración que, a pesar de recibir tales facultades, siguen sometidos a los poderes jerárquicos de los superiores.

La descentralización y la desconcentración son formas jurídicas en que se organiza la administración y en las dos el poder central transmite parte de sus funciones a determinados órganos u organismos. Existe la diferencia esencial en que los órganos de la primera están fuera de la relación jerárquica del poder central y los organismos de la segunda están sujetos al poder jerárquico.

Los organismos descentralizados tienen personalidad jurídica y patrimonio propios, los órganos desconcentrados carecen de los dos. No existe diferencia por cuanto a las funciones que pueden desarrollar, pero para el derecho es mejor mecanismo el descentralizado a fin de prestar ciertos servicios públicos o para llevar a cabo empresas productoras de bienes.


Fichas Bibliográficas

1. Fraga, Gabino. Derecho administrativo, 13ª ed., México, Porrúa, 1969.

2. Vallina Velarde, Juan Luis de la. “La desconcentración administrativa”, Revista de Administración Pública, Madrid, núm. 35, mayo-agosto de 1961.

3. Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española,19ª ed., Madrid, 1970.

4. Diccionario Jurídico Mexicano, 4 vols., 9ª ed., UNAM / Instituto de Investigaciones Jurídicas / Porrúa, México, 1996.

[1] Tal organización no es la única que realiza funciones administrativas, otros géneros del Estado, el Legislativo y el Judicial también realizan actividad administrativa. El derecho administrativo regula esta actividad, que no proviene de los órganos administrativos y comprende en consecuencia, la función reguladora del derecho administrativo, a toda la actividad administrativa.
[2] Fraga, Gabino. Derecho administrativo, 13ª ed., México, Porrúa, 1969.
[3] Idem
[4] Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española,19ª ed., Madrid, 1970.
[5] La organización jurídico-política del gobierno mexicano tiene tres niveles: federación, estados y municipios, estos últimos son más bien un caso de descentralización política y no administrativa.[6] Vallina Velarde, Juan Luis de la. “La desconcentración administrativa”, Revista de Administración Pública, Madrid, núm. 35, m

La maldicion del centralismo


No basta con ser centro, dice el autor de esta nota, también hay que ser reconocido en ese lugar. Si Buenos Aires es nuestra gran capital cultural, habrá que ver qué lugares le asignan las provincias a la cultura. El antropólogo Rubens Bayardo analiza el papel que juegan el Estado y el mercado en este fenómeno político y económico. Y cuestiona las tendencias uniformadoras que atentan contra la diversidad.

Por: Rubens Bayardo


El término centralismo evoca con facilidad al Estado. Para la antropología lo cultural es una dimensión en la que las sociedades elaboran sus procesos simbólicos y materiales, más amplia que aquella administrada y/o administrable por el Estado. Pero aun así, el centralismo cultural tiene que ver con la edificación de la Nación en términos políticos y de identidad, según principios que buscan producir uniformidad entre los habitantes del territorio del Estado. Estos principios afectan a los imaginarios, las celebraciones, la historia, la lengua, la etnicidad, la religión, las prácticas artísticas y las cotidianas. A la par que se concentra el poder y las jerarquías administrativas, se conforman espacios de reconocimiento, de legitimación y de transmisión del gusto, de lo normal, de lo valioso y de lo deseable supuestamente para todos. El centralismo es un problema en la medida en que no establezca canales suficientes de visibilidad, reconocimiento, respeto, protección y promoción de la diversidad cultural, que nos permitan sentirnos dignos como seres humanos.


La trama múltiple

En la Argentina, el Estado ha cumplido un papel muy relevante en lo cultural, conformando reparticiones en los niveles federal, provincial y municipal. Pero la cultura del país no puede pensarse sin reconocer los papeles fundamentales que juegan lo privado –individual y/o colectivo– y el mercado. Me refiero a las asociaciones civiles tales como bibliotecas populares, centros comunitarios y de colectividades, grupos autogestionados, fiestas y ferias populares, celebraciones. También a la existencia de compañías teatrales, conjuntos de música, canto y danza, creadores, intérpretes, editores y productores en las artes, las letras, la música, la radio, el cine, la televisión y las redes conformadas por los nuevos medios.

Reflexionar sobre el centralismo cultural involucra el análisis de un cuerpo extenso y confiable de informaciones del sector, que apenas ha comenzado a encaminarse en los últimos años. Datos como mapas de infraestructuras, instituciones y manifestaciones, sistemas de información sobre organizaciones, legislación, financiamiento y desarrollo de actividades públicas y privadas, estadísticas e indicadores culturales.

La Secretaría de Cultura de la Nación (SCN) inició en 2003 un estudio de todo el país que contribuyó a conformar en 2006 el incipiente Sistema Nacional de Información Cultural. Por su parte, la Secretaría de Medios de Comunicación realizó entre 2004 y 2006, también a nivel nacional, una investigación orientada a establecer un Sistema Nacional de Consumos Culturales. Entre las provincias se destaca el señero- Relevamiento Cultural realizado en 2001 en Entre Ríos, que contribuyó a la elaboración de un Mapa Cultural del Municipio de Paraná en 2004. Pero luego predominan las ausencias, sólo interrumpidas por estudios muy menores o embrionarios de algunos sectores (museos, fiestas populares) o de algunas prácticas (registros de músicos, de artesanos) que no alcanzan a constituir sistemas rigurosos, continuados y actualizados. A la poca información que hay en el área se suma la frecuente resistencia o negativa a facilitar este tipo de datos, tanto en el sector público como en el privado, especialmente celoso de informaciones que considera sensibles o de conveniencia. Pero aun cuando resulten provisorias y parciales es necesario apoyarse en esas informaciones.

La primera responsable a nivel del Estado federal, la Secretaría de Cultura de la Nación, carece como organismo nacional de un territorio propio: éste les pertenece a las provincias y los municipios. Las acciones de la SCN alcanzan a todo el país, pero tienen particular presencia en la Ciudad de Buenos Aires, donde por resabio centralista residen las más importantes infraestructuras y cuerpos artísticos nacionales. La Dirección Nacional de Acción Federal e Industrias Culturales mantiene vínculos con las provincias y organismos como la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares, la Comisión Nacional de Museos, y de Monumentos y Lugares Históricos, el Fondo Nacional de las Artes, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, y el Instituto Nacional del Teatro, cuentan con representaciones regionales y provinciales. Existieron en los 80 y 90 planes nacionales o federales de cultura que dejaron de formularse, de modo que el vínculo Nación-provincias reside ahora en buena parte en programas y acciones que, al ser convenidos entre ambas instancias, reducen la dimensión centralista.


Responsabilidades compartidas

Así como cada provincia dicta sus leyes, asigna presupuestos y elige a sus gobernantes, también maneja las competencias no delegadas a la Nación. Todas las provincias tienen sus propios responsables en Cultura, aunque el nivel y la jerarquía de éstos varía considerablemente. Sólo en cinco casos las dependencias remiten directamente al Poder Ejecutivo al más alto nivel (Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Neuquén y Tucumán). Es común que Cultura sea una repartición de otro ministerio –usualmente Educación– con rango de secretaría (Chubut, Salta, San Luis, Santa Fe y Tierra del Fuego) o agencia (La Rioja). En la mayoría de los casos estas áreas se incluyen en niveles aún más bajos de la administración, con rango de subsecretaría (Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Mendoza, Misiones, San Juan, Santa Cruz, Santiago del Estero), agencia (Río Negro) o dirección (Jujuy). La jerarquía del área dentro de los organigramas provinciales suele corresponderse con la dimensión de su estructura y dependencias, programas y actividades, y con la existencia de infraestructuras y de cuerpos artísticos propios.

El financiamiento público proviene especialmente de leyes nacionales y provinciales que asignan recursos de las Rentas Generales a estas reparticiones, pero también de asignaciones de otros recursos a fondos específicos. A nivel nacional se destacan el Fondo Nacional de las Artes, el Fondo de Fomento Cinematográfico, el Fondo Especial para Bibliotecas Populares, y el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. En trece provincias existen fondos dirigidos a la acción o a la asistencia cultural en general (Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán) que coexisten con fondos específicos para edición (Chubut, Corrientes, Río Negro, San Luis, Tierra del Fuego, Tucumán), bibliotecas (Chubut, Río Negro, Santiago del Estero, Tucumán) y artesanías (Misiones, Salta).

Según datos oficiales para 2006, el presupuesto de la SCN rondó los $ 248 millones, lo que implica un 0,26% del total del presupuesto nacional, guarismo muy inferior al 1% recomendado por la UNESCO. En algunas provincias el porcentaje del presupuesto cultural era similar o inferior al nacional (Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro), con la notoria excepción de San Juan que registraba apenas un 0,06% de fondos para cultura. Pero en la mayoría de los casos esta situación mejoraba (Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Salta, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tucumán, disponían entre un 0,34% y un 0,43% de su presupuesto para cultura); presentaba incrementos significativos (Catamarca, Jujuy, Santa Fe, Tierra del Fuego entre un 0,60% y un 1,06%) o bien se destacaba ampliamente (San Luis con un 2,73% y la Ciudad de Buenos Aires con un 3,63% de su presupuesto total).

Los niveles de las estructuras organizativas y de los presupuestos dan señales claras de lo poco jerarquizado que se halla el sector cultural con relación a otros, tanto en la Nación como en las provincias. En ámbitos públicos como privados preocupa más el centralismo en la producción agroindustrial, la salud o la educación que en la cultura. La concentración afecta las condiciones de la producción cultural, especialmente en lo que refiere a la distribución, la difusión y la comercialización. Pero también remite a debates no zanjados y pendientes sobre la conformación federal de la Nación argentina.


El centro no se hace solo

El centralismo cultural porteño debería ser relativizado, porque la constitución de un centro no depende de la mera pretensión centralista: es, además, una respuesta a las tensiones dentro de toda la unidad que con éste se funda. No basta con pretender ser centro, para serlo también es necesario ser reconocido como tal.

Cuando Buenos Aires se abre a lo que viene del interior, o cuando organiza iniciativas en las provincias, fortalece su posición como centro, pero a la vez refuerza las centralidades provinciales. El centralismo criticado a Buenos Aires desde algunas provincias, se parece mucho al que desde el interior provincial se atribuye a sus propias capitales. Hecho agravado porque las responsabilidades de éstas en dar visibilidad y reconocimiento a sus patrimonios, a sus pueblos originarios y a su creatividad cultural son mayores que las de la distante Capital Federal. Muchas veces llama la atención la frecuente aparición en las provincias de las mismas figuras artísticas e intelectuales que brillan en Buenos Aires. Esto choca con frecuentes quejas locales por la poca presencia de otros exponentes propios de calidad y trayectoria reconocidas.


El problema del mercado

Pero no se trata sólo de articulaciones, relaciones y confrontación política entre y dentro de los diferentes niveles del Estado. Este es el único espacio de discusión de una problemática mucho más amplia y que lo excede, donde el actor protagónico es el mercado.

¿Es posible seguir escribiendo Estado con mayúsculas en un contexto donde sus competencias y capacidades de intervención son muy limitadas, ante regulaciones que son ejercidas por la "mano invisible" del mercado, desde la cual suelen provenir poderosos autoritarismos, sobre los que poco se habla? El espacio de este artículo no permite explicitar los complejos entrecruzamientos entre Estado y mercado, la existencia de diferentes mercados y lógicas mercantiles. En el juego excluyente de los conglomerados transnacionales de la infocomunicación y el entretenimiento, rige como nunca el "sistema de las estrellas". Este, aunque requiere diversidad cultural para surtirse, impone frenos a la difusión y comercialización de la creación competidora. Invertir en pocos "productos" exitosos, con oferta y propaganda amplias, minimiza riesgos e incrementa ventas y ganancias. Las 4 ó 5 majors que manejan el 80% del negocio de libros, música, cine, etc. a nivel planetario invierten grandes capitales en hacer marketing de unos pocos y oscurecen la mayoría de las expresiones y su pluralidad.

El centralismo es un fenómeno político y económico donde se imbrican el Estado y un mercado que ejerce poderes cuya potencia se acrecienta al tratarse de mecanismos menos evidentes, naturalizados y cerrados al debate. De continuo aparecen y se desarrollan iniciativas descentralizadoras dentro de la creación popular y erudita, en los medios de comunicación alternativos, en el mundo de las redes e Internet, en el Estado. Pero el mercado tiende al centralismo con una pujanza desproporcionada, poco superable desde fuerzas menores. La libertad de mercado que en el mismo movimiento ofrece el acceso a múltiples expresiones culturales, disminuye y hasta impide la visión de muchas otras, ocupada en negocios particulares que distan del bien general y del pluralismo. Las asociaciones civiles, aun cuando vinculan su carácter privado con intereses generales, alcanzan a grupos o sectores acotados, sin una perspectiva abarcadora sobre el bien común.

El espacio privilegiado en el que se asigna y reconoce universalmente a la ciudadanía el derecho a elegir y a reclamar, y la normativa, la institucionalidad y la división de poderes para convalidar estos ejercicios, corresponde al Estado. De aquí la importancia de desarrollar iniciativas que desarticulen el centralismo y la tendencia a uniformar, mediante políticas descentralizadas y pluralistas que permitan dar a conocer y reconocerse a individuos y sociedades con diversos hábitos culturales. Se tratará, entonces, de establecer regulaciones y controles atentos al mercado, que por el momento sólo parece inquietarse por los costos y beneficios económicos, sin considerar los sociales y culturales.

La Republica partida


Buenos Aires sigue siendo la idealización de un espacio cultural que contiene todas las fantasías. El mito del "interior" estéril es su contracara. Este número de la Revista Ñ trata de aportar nuevas miradas sobre esa histórica, dramática, oposición.

Por: Jorgelina Nuñez


El problema es antiguo. Tanto, que precede a la constitución misma de la nación. En el origen encierra la imagen de ese puerto populoso de Buenos Aires que fue creciendo en poder económico y político mientras sus habitantes, en contacto con todo lo bueno y lo malo de ese tránsito, ganaban en cosmopolitismo y arrogancia. Lo que fluía de ese embudo gigantesco iba perdiendo ritmo en la llanura y llegaba exangüe a los confines, que se movían con otros tiempos y otras realidades. A nadie se le pasaba por alto que, libradas a su suerte, las diferencias culturales entre esos dos mundos –que son las que aquí nos interesan– abrirían una brecha cada vez más profunda.

El conflicto fue advertido y enunciado por Alberdi y por Sarmiento y adquirió sus tonos más oscuros en los textos de Ezequiel Martínez Estrada hace más de sesenta años. Periódicamente y con mayor o menor énfasis, retorna en discusiones en las que predominan las acusaciones, una penosa descripción de apatías y "ninguneos", envidias y resentimientos. Como si la aparición periódica de la polémica sólo sirviera para constatar que nada ha cambiado y que las posiciones no se han movido de su sitio.
Para salir de ese esquema binario, tal vez vaya siendo hora de encontrar una nueva formulación para las viejas preguntas, poniendo antes en cuestión cada uno de sus términos, pues es difícil creer que las transformaciones globales que modificaron realidades a escala mundial, no encuentren eco también en nuestros propios escenarios.



Más que palabras

Toda vez que se retoma el conflicto cultural entre Buenos Aires y las provincias –y su recurrencia es siempre síntoma de lo lejana que parece su solución– el uso de las palabras adquiere una dimensión dramática en la medida en que ellas evidencian la carga de prejuicios de quien las enuncia. Así, hablar del "interior" o del "resto del país" para referirse a las provincias supone una simplificación que acepta la existencia de un centro a partir del cual todo lo demás es periferia, resto o suplemento. En el mismo acto de nombrar así las cosas se sobreentiende que ese "resto" es homogéneo. ¿Acaso por compartir similares problemas todas las provincias los enfrentan y resuelven de la misma manera?

Lo mismo ocurre con los gentilicios que aluden menos a una pertenencia geográfica que a una determinada forma de pensar y de actuar. Si "porteño" es sinónimo de soberbio y prepotente, lo "provinciano" denota la estrechez de miras y la incapacidad para aceptar situaciones y posibilidades distintas de las propias. Atributos, está claro, que los sujetos no poseen como consecuencia de sus lugares de origen sino de sus actitudes. Es tan provinciano alguien nacido en la capital que desdeña las producciones regionales, como arrogante un correntino –por dar un ejemplo pueril– que rechaza por excéntrica otra música que no sea el chamamé.



La fábrica de los sueños

¿Qué representa en el imaginario nacional la ciudad de Buenos Aires? En primer lugar, la idealización de un espacio que, al menos en lo cultural, parece cumplir con todas las fantasías. A una oferta en materia de espectáculos, salas, museos, muestras, cursos, talleres, música, publicaciones y medios de una variedad inagotable –abrumadora incluso para los más ávidos consumidores de bienes culturales– se le suman no sólo enormes posibilidades de formación, creación, difusión, exhibición y consumo de esos bienes, sino también una densidad demográfica tal que permite que cualquier expresión cuente con públicos propios, algo difícil de igualar en las provincias, incluso en los aspectos más elementales: es habitual que salas de cine o de teatro cierren sus puertas por falta de asistentes y por ende, de rentabilidad. En segundo lugar, la comparación de la ciudad con otras tantas capitales culturales como lo son París, Londres o Berlín. Lo que se olvida es que en países como España, Brasil o los Estados Unidos surgieron polos culturales de primer nivel en otras ciudades que no son sus capitales. Es el caso de Barcelona, San Pablo o Nueva York. Y algo esperable para Córdoba, Rosario o Tucumán. El intercambio y el contacto permanente con los centros internacionales no bastan para explicar la renuencia frecuente de Buenos Aires a incorporar y difundir con igual entusiasmo las expresiones provenientes de otras regiones del país, bajo la excusa de que éstas "atrasan" en términos de evolución artística. Cualquier observador no ingenuo es capaz de advertir hasta qué punto la predilección capitalina por los movimientos vanguardistas con su cuota de sofisticación encubre a menudo un esnobismo injustificado.

Sin embargo, la ciudad es pródiga en gestos bienintencionados hacia las provincias que en buena medida reproducen un paternalismo de larga data. Cuando los organismos oficiales llevan desde la capital espectáculos, intelectuales o artistas a otras regiones, ¿se promueve la reciprocidad? ¿No es llamativo que la mayor parte de las producciones del canal Encuentro se realicen en Buenos Aires? ¿Es imprescindible que –por ejemplo– doce de los trece directores convocados para realizar el ciclo televisivo "Fronteras argentinas" sean porteños?

Es en estos aspectos donde se advierte que el problema merece un cambio importante de denominación. Allí donde se generaliza cargándole todas las culpas a Buenos Aires, se hace imperioso reconocer la responsabilidad de un Estado que no ha sabido ni querido darse políticas culturales auténticamente federales en materia de promoción, difusión y formación de artistas, así como también de espacios y patrimonios. Por otra parte, es falso seguir argumentando que más allá de Buenos Aires reina el desierto. Por fortuna, desde hace tiempo y de manera sostenida, muchos de los fenómenos culturales que se generan en las provincias optaron por un cambio saludable de actitud: con muchísimo esfuerzo, bajos presupuestos y grandes recursos humanos, dejaron de tener a la capital como horizonte y se dedicaron a producir, generando circuitos propios de difusión.
Por último, hay que llamar la atención sobre el costado más oculto de esta trama. Un mercado poderoso, menos atento a las expresiones culturales que a los productos que impone y difunde según criterios en los que la rentabilidad cuenta mucho más que la calidad. Un mercado de múltiples ramificaciones que se beneficia y, por lo tanto, opera a favor de la concentración y el centralismo.



Números y no opiniones

Los diagnósticos impresionistas reducen el problema a una simple cuestión de superioridades e inferioridades. Para no caer en esa trampa, este número especial intentará mostrar que, dejando de lado las apreciaciones personales, hay realidades que se traducen en números de una elocuencia pasmosa. Ningún lamento ni reclamo por parte de las provincias respecto de la falta de atención que históricamente han recibido de las autoridades nacionales en materia de cultura dirá más que la desproporción presupuestaria perceptible en cualquiera de sus rubros. Una desproporción sólo comparable a la que las autoridades provinciales otorgan al ámbito de la cultura en sus propios presupuestos. Las industrias culturales, con sus promesas de trabajo e ingresos, sólo se instalan en aquellos lugares donde la actividad recibe los beneficios de una promoción estatal. Son escasos los ejemplos de empresas privadas que deciden correr algún tipo de riesgo fuera de la capital. Y las esperanzas cifradas en los intercambios vía Internet deben sortear una condición previa: la conectividad (banda ancha) no llega con facilidad a todas partes. Las empresas que brindan ese servicio encuentran que hay regiones del país que no justifican la inversión.



Aportes para la reflexión

Para actuar es preciso conocer y ese conocimiento involucra datos cuantificables. Establecer un estado de situación para advertir los agujeros negros de la cultura contribuye a implementar futuros cambios de rumbo.

El trabajo que abre este número especial pertenece a Rubens Bayardo. Con las herramientas de la antropología cultural, analiza las características del centralismo, especifica cómo los lugares estructurales que la cultura ocupa dentro de los gobiernos revelan el grado de importancia que se les asigna, y subraya la necesidad de que el Estado establezca mecanismos de regulación del mercado. Sobre las inequidades presupuestarias se consultó la opinión del secretario de Cultura de la Nación, José Nun, quien defendió su plan de gestión destinado a paliarlas, y también la del licenciado Héctor Valle, presidente del Fondo Nacional de las Artes, relativa a la relación del organismo con las Secretarías de cultura provinciales.

Los datos que aparecen en la página 12 fueron tomados del relevamiento que llevó a cabo la propia Secretaría de Cultura durante 2007, disponibles en Internet. Algunos remiten específicamente al Laboratorio de Industrias Culturales, de la misma Secretaría. El comentario de la socióloga Stella Puente, especialista en este último tema, provee una interpretación esclarecedora.

Un lugar destacado, aunque del todo insuficiente, lo ocupan un conjunto de fenómenos culturales de altísimo nivel que con un profundo compromiso por parte de las sociedades en las que surgieron, tienen lugar en distintos puntos del país. No se trata de un muestreo, pues en ese caso las omisiones serían flagrantes, sino apenas de un reconocimiento lleno de admiración hacia las personas y las instituciones que, a fuerza de trabajo y de talento, consiguieron abrirse camino más allá de las dificultades y la indiferencia.

Las raíces políticas del conflicto atravesadas por la actitud cambiante de sus protagonistas son el objeto de la nota de la historiadora Hilda Sabato acerca de la mentada "cuestión federal". Por su parte, el sociólogo Héctor Schmucler revisita los textos de Ezequiel Martínez Estrada, encontrando nuevas connotaciones para la frecuentada "cabeza de Goliat". Una perspectiva innovadora aporta Américo Castilla. Producto de su trayectoria en la gestión cultural, su propuesta apunta a otorgarles una nueva funcionalidad a las instituciones culturales que quedaron obsoletas y especificar los objetivos culturales que persigue cada región.

El poeta Santiago Sylvester recorre con desazón el conjunto de antologías poéticas y de historias de la literatura argentina y comprueba la miopía de las perspectivas pretendidamente nacionales hacia las producciones poéticas distantes de la capital. La opinión de Juan Falú refuerza esa historia de incomunicación. A través de la evocación de la mítica revista Hortensia, algunas de cuyas viñetas se reproducen aquí, se intenta aportar un poco de humor sobre el tema.

En materia de industrias culturales, es imposible soslayar lo que está ocurriendo con las editoriales independientes en Córdoba y Rosario, y también lo que promueven proyectos novedosos como el de Vox, de Bahía Blanca. Por último, una investigación de Alberto González Toro hace hincapié en las responsabilidades que les caben a las provincias en el cuidado y puesta en valor de sus patrimonios culturales. Hasta qué punto el turismo los beneficia o perjudica es la pregunta que se hace Alejandro Stilman y que cierra este informe.

Debate Parlamentario modificacion Ley Cafiero

Reunion No. 18 - 12a. Sesion ORDINARIA celebrada el 08/08/2007


modificación de la ley 24.588 de garantía de los intereses del estado nacional en la ciudad autónoma de buenos aires





sr. DELICH, FRANCISCO JOSE - - CORDOBA.- Señor presidente: trataré de ser lo más breve posible.


Antes de ingresar a este recinto sabía muy bien que la Cámara iba a discutir este proyecto, y en consecuencia, como corresponde, me tomé mi tiempo para estudiar hasta donde pude todos los aspectos relativos a esta cuestión, incluyendo los constitucionales.Escuché atentamente la exposición del señor diputado Accastello, y puedo decir con alegría que comparto absolutamente cada uno de los puntos que mencionó; no sólo estoy de acuerdo con lo que dijo sino que también comparto el tono y el espíritu de su exposición.


Como no disponía del texto del proyecto de ley, pues se trata de un asunto considerado sobre tablas, mi primera reacción fue pedir una interrupción para saber qué decía la iniciativa, que estoy dispuesto a votar en razón de que acepto lo señalado por el señor diputado Accastello.


Por alguna razón, tal vez inconscientemente, me pregunté cómo se había fundado la República en este país, es decir, cómo fue el momento en que apareció la conciencia de ser República. Recuerdo que ésta se fundó cuando Mariano Moreno dijo que "nadie, ni ebrio ni dormido, puede..." y lo que sigue. Esto, en relación con ese episodio.Creo que estábamos frente a una falsa discusión, porque nadie puede pensar sensatamente en la transferencia sin más de la Policía Federal, tanto a la Ciudad de Buenos Aires como a cualquier otra parte.


Por eso traté de aprender y comprobar la complejidad de lo que es la Policía Federal, además de lo que significa.


Existía una falsa discusión hasta que se aceptó esto que se ha aceptado: que va a existir una negociación entre el poder nacional y la Ciudad de Buenos Aires. Por supuesto que si existen transferencias, habrá recursos. Eso es lo que supongo.


Lo que ha quedado en claro es que se cambió el eje de la discusión, y que la Ciudad de Buenos Aires tiene que organizar la seguridad, lo que incluye no sólo a la policía sino también los tribunales y otras cuestiones. Entonces, desde ese punto de vista, para mí termina la discusión y comienza otra que va a ser todavía más importante, en la que debemos estar dispuestos a recuperar efectivamente lo que fue 1994, lo que se votó en la Convención Constituyente y los orígenes de esta autonomía de Buenos Aires. A veces, por oportunismo, se demoniza muy fácilmente, se olvida el pasado de trece años y no sabemos luego de qué estamos hablando.


Esta autonomía que se reclama -cuestión con la que estoy de acuerdo- y que se va dar a la Ciudad de Buenos Aires, tiene su origen exactamente en el momento en que este Parlamento aprobó el traslado de la Capital Federal a Viedma-Carmen de Patagones. En ese momento se dijo que si la Capital se iba a trasladar a Viedma, entonces esta Ciudad de Buenos Aires debía tener un estatus distinto al de ahora. Después, en el gobierno del doctor Alfonsín, se creó el Consejo para la Consolidación de la Democracia, donde por supuesto se planteó el tema de la reforma de la Constitución y la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires en función del traslado de la capital. Lo que estoy manifestando se incluyó en la primera reunión de lo que mal se llamó Pacto de Olivos, que tuvieron los doctores Alfonsín y Menem. Después fue contemplado en un acuerdo entre la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista, que luego formó parte del Núcleo de Coincidencias Básicas, que figura en la ley de convocatoria para la reforma constitucional.


De modo que no podemos olvidar el origen, porque considero que tenemos que replantear otra vez aquel sueño frustrado de trasladar la capital a Viedma. Ahora deberíamos sostener que vamos a conceder toda la autonomía a la Ciudad de Buenos Aires, pero que vamos a trasladar la capital, por las mismas razones que se quiso trasladar en 1987.


Tenía razón el señor diputado Pinedo cuando sostuvo que aquí no se concentra el centralismo de la Ciudad de Buenos Aires sino el poder militar, el poder político, el poder financiero y el poder económico. Ese es el punto y no los porteños.


Aquel sueño de Alfonsín y del radicalismo de cien años no pasa por abandonar a la Ciudad de Buenos Aires, sino por el hecho de que haya una nueva capital. Esperemos que esto se discuta también con esta forma de consolidar la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso este bloque va apoyar este proyecto, con la esperanza de que se concrete el traslado de la capital a Viedma.






FUENTE:

La nueva Provincia 2

INCONCLUSA... PERO NO OLVIDADA
Por Carlos A. Guardiola
Investigación periodística: Lic. María Cristina Garbiero


La primera nota de la saga intentó describir ese tumor geopolítico denominado conurbano, nacido en 1946, y que lipoaspira todos los recursos que genera la llamada provincia interior; la segunda realizó una pormenorizada radiografía de los gobernadores "que supimos conseguir" desde ese año a la actualidad; y el punto de inicio de esta historia, con final aún no escrito y cuya trama es desconocida para la mayoría de los bonaerenses, comenzó a desandarse en 1880, cuando hacía su aparición en el país un puñado de políticos preclaros que la historia reconoce como "la generación del 80". Un fenómeno que jamás volvió a repetirse... ni en cantidad... ni en calidad.



CAPÍTULO: ENRIQUE JULIO


Casi a fines de 1960 un grupo de estudiosos de la cátedra de Historia Americana y Argentina II, de la Universidad del Sur, junto a docentes del Gabinete de Historia Argentina, creado en 1967 en el Departamento de Humanidades, realizó una recopilación de todos los proyectos que, en casi un siglo y cuarto, intentaron cambiar la geografía política de la provincia de Buenos Aires. Por aquel entonces era rector de la casa de altos estudios el Dr. Roberto Etchepareborda.


1880: el gran nudo gordiano

El viejo problema de encontrar una capital para la República Argentina quedó solucionado en 1880 cuando Congreso Nacional y Legislatura Provincial acordaron la federalización de la ciudad de Buenos Aires. Un alumbramiento "mal parido", al decir de revisionistas de la historia, ya que para lograrlo debió incumplirse el pacto de San José de Flores que le garantizaba, a la provincia, la integridad de su territorio. Más aún: ésta tuvo que ceder importantes núcleos urbanos como San José de Flores y Belgrano.

El conurbano, al norte y en amarillo, una malformación de la geopolítica. Sus habitantes suman 9.270.661 sobre un total de 13.827.203 de bonaerenses y ocupan apenas 3.580 km2 de un total de 13.827.203. Asoman como la gran "aspiradora" de los recursos que genera la provincia interior.

Electo el binomio, conformado por Dardo Rocha y Adolfo Gonzales Chaves, que asumió la gobernación bonaerense en diciembre de 1880, el primero se abocó a la inmediata e imprescindible tarea de darle al cercenado territorio bonaerense una capital. Así el 4 de mayo de 1881 un decreto fijó las condiciones que debía reunir el lugar que se designaría a tal fin.

Señalaba el mismo, como de fundamental importancia, que el sitio a elegir debería ostentar fácil acceso a vías de comunicación con el interior y, sobre todo, con la nueva Capital Federal.

Pocos recuerdan hoy que fueron tenidas en cuenta, para ese rol de capital provincial, ciudades como Bahía Blanca, Necochea o Mar del Plata las que, por una u otra razón, fueron descartadas.

Finalmente se eligió "una ciudad fantasma" para su emplazamiento ya que sólo estaba en la mente de algunos estadistas y en tableros de dibujo: La Plata.
Tal vez fue la ubicación más desacertada posible ya que tuvieron que derramarse ingentes caudales públicos para cegar los pantanos de Tolosa (área elegida) e improvisar, contra las indicaciones de la geopolítica, la sede gubernamental en los suburbios mismos de la Capital Federal y donde hoy funcionan, casi sin residencia, sus autoridades y los poderes constituídos.

Mientras tanto Bahía Blanca seguía creciendo, comenzaban a extenderse sus colonias agrícolas e incrementándose el área sembrada. El aporte inmigratorio que, históricamente, se produce en la ciudades que crecen expandieron el comercio y la industria vinculados ambos a lo agrícologanadero. En 1883 la llegada del ferrocarril y un año más tarde la gigantesca obra de un muelle de hierro generaron las condiciones necesarias para el gran salto. Fue, por entonces, que la ciudad comenzó a soñar en convertirse en la capital del primer estado argentino.

Secciones electorales en que se divide actualmente la provincia de Buenos Aires. En los últimos años se ha prouesto que la seccion 6 bonaerense se constituyera en una nueva provincia separadose de Buenos Aires, pero hasta el momento en proyecto no ha prosperado

Campaña de "El Porvenir"

El primero en lanzar la idea de federalizar Bahía Blanca a través de sus páginas fue un diario bahiense denominado “El Porvenir” que, en el primer semestre del año 1884, se transformó en el adalid de la idea. Sin embargo, la indiferencia del gobierno provincial hacia todo lo que no fuera La Plata sería una impronta que llegaría hasta nuestros días. Ya por 1890 la ciudad había afianzado un indetenible desarrollo haciendo valer su inmejorable posición geográfica y sus vías de comunicación. El alto nivel de vida de sus prósperos habitantes quedaba de manifiesto en los numerosos comercios de artículos suntuarios. A fines del siglo XIX Bahía Blanca se perfilaba como la ciudad del futuro rivalizando con las más importantes urbes del país. Sin embargo un dato llamaría hoy la atención: ya por aquellos años comerciantes y hacendados de partidos como Patagones, Puan, Villarino o Adolfo Alsina, por citar algunos, no utilizaban Bahía Blanca como nudo natural para enviar sus productos a Capital Federal o al exterior.


"Génesis de un brillante porvenir"

En 1898 otras voces se alzaron en pro de una nueva provincia. Es que comenzaba a emerger la figura de Enrique Julio, fundador de un diario que, no casualmente, se llama “La Nueva Provincia" y que, desde su primer número aparecido el 1 de agosto de ese año intentó demostrar la necesidad de elegir Bahía Blanca como capital de un nuevo estado nacional. "Vengo a luchar en pro de una idea grande que encarna para el sur argentino el génesis de un brillante porvenir", editorializó en el primer ejemplar.
Enrique Julio consideraba que los partidos del sur de la provincia, más la totalidad de la gobernación nacional de La Pampa (años después convertida en provincia) y algunos distritos del territorio nacional de Río Negro (luego también estado), ubicados entre las márgenes de los ríos Negro y Colorado, vivían demasiado alejados de la capital provincial inmune, ya desde entonces, a las necesidades de los bonaerenses del sur. Argumentaba que países progresistas, como Estados Unidos, habían fomentado la creación de estados federales que alcanzaron enormes progresos tras su descentralización.

Otras razones esgrimidas por Enrique Julio apuntaban a la importancia del puerto de Bahía Blanca (el mayor de aguas profundas del país), y la natural convergencia de mercaderías y productos regionales, no sólo de su zona de influencia, sino también de provincias como San Luis, Mendoza, San Juan y La Pampa que tenían a la ciudad como centro estratégico y referencial de sus relaciones comerciales con el país y el mundo. Se sumaba a todo esto la vastísima extensión territorial del estado y las precarias vías de comunicación que impedían una gestión eficiente a sus gobernantes. En definitiva planteaba un nuevo territorio de 234.252 km2 contra los 259.776 que le quedarían a la Buenos Aires residual.

Este nuevo estado provincial, de acuerdo al censo de 1895, tendría una población total de 90.205 habitantes ocupando, así, el décimo lugar en la demografía del país superándolo Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos. Corrientes, Tucumán, Santiago del Estero, Salta y Mendoza.

El mapa geográfico propuesto por Enrique Julio, sin embargo, era demasiado ambicioso y chocaría con poderosos intereses políticos y económicos, sin contar con que hacía desaparecer de la faz de Argentina íntegramente la gobernación nacional de La Pampa, y le cercenaba todo el norte del por entonces territorio nacional de Río Negro. Aún así la idea comenzó a trascender y, como resultado de la persistencia del periodista, la misma fue recogida nada menos que por quien fuera presidente de la república: el Dr. Carlos Pellegrini, concuñado de Julio Argentino Roca y que rigió los destinos del país entre 1890 y 1892, tras la renuncia de Miguel Juárez Celman. Pellegrini fue uno de los primeros políticos que avanzó en la formulación de un nuevo estado argentino, tema que aún hoy mantiene su palpitante vigencia institucional a pesar de las décadas transcurridas y habida cuenta que Argentina debe, inexorablemente, resolver el futuro curso de su federalismo aunque deba superar estructuras anquilosadas y cepos políticos.


El proyecto de Enrique Julio hacía desaparecer la gobernación de La Pampa, succionaba partesdel territorio nacional de Río Negro y sumaba distritos del sur bonaerense

El proyecto Luro

Casi desde la misma creación de la gobernación de La Pampa se comenzó a debatir la cuestión de su capital. Si bien la localidad de General Acha se consideraba firme en sus pretensiones de imponerse como cabeza territorial, poderosos intereses generaron las necesarias situaciones de conflicto como para poner en tela de juicio aquella aspiración. Un terrateniente, llamado Benito Villanueva, donó terrenos en la zona de Toay con destino de capital territorial y fue la chispa que detonó un polvorín cuyo ruido se hizo sentir en la Capital Federal. La cuestión la zanjó Julio Argentino Roca, a la sazón presidente del país, quien con un decretazo autorizó al gobernador, Dr. José Luro, a fijar residencia en Santa Rosa del Toay.

El militar no tuvo en cuenta un pequeño detalle de la geopolítica: mientras que en las colonias angloamericanas las ciudades crecieron para solventar las necesidades del campo, en las hispanoamericanas el campo debió crecer para satisfacer las necesidades de las urbes.

Y Bahía Blanca era, para el vasto territorio pampeano, un verdadero faro referencial para su comercio y transacciones, opacando la capital elegida que tan sólo alcanzó la estatura de un mero "hotel alojamiento" para sus autoridades de turno.

De modo que muy pronto comenzaron a mirarla como la capital que necesitaban si querían expandirse y crecer. Así la idea de Bahía Blanca, capital de la gobernación de la Pampa comenzó a tener sustento propio y popular.

Donde no cayó bien la propuesta fue en Carmen de Patagones, la ciudad más austral de la provincia de Buenos Aires, cuyas autoridades vieron la posibilidad de abandonar su condición de "patio trasero" del gran estado bonaerense para transformarse en capital de La Pampa.


Idea que pronto naufragó aunque alcanzó a generar un inesperado remezón. Es que siendo vecina inmediata de la provincia de Río Negro las autoridades nacionales estimaron que el siguiente "lance" de los maragatos apuntaría a ser su capital ya que las autoridades de Viedma, a raíz de una colosal inundación, debieron trasladar la sede gubernativa a la localidad de Choele Choel.

Por eso Julio Argentino Roca, apodado "el zorro" por su astucia y que por segunda vez regía los destinos del país, firmó el 9 de mayo de 1900 el decreto por el cual la ciudad de Viedma era consagrada, definitivamente, capital de la provincia de Río Negro.

El inicio del siglo XX, a 10 años de la celebración del primer centenario de la Revolución de Mayo, y con la impronta que derramara esa fantástica legión de estadistas que sería conocida como "la generación del 80", parecía depararle a la Argentina un período de tranquilidad institucional.

Sin embargo la llegada al congreso del Dr. Carlos Pellegrini, como diputado nacional, reabriría una vieja herida geopolítica hasta el día de hoy no cicratizada.

El mandatario convulsionó al país, y a los bonaerenses, con un remozado proyecto de generar otro estado a partir del desguace de la provincia de Buenos Aires.

Esa es la historia de la próxima nota. Aunque, mientras tanto, bien valdría la pena tomar conciencia que la vida humana es un juego entre la palabra y el silencio: "Hay tiempo de hablar y tiempo de callar", nos recuerda Salomón en el Eclesiastés (3, 7). Un guante que arrojamos a nuestros legisladores provinciales.


FUENTE: http://www.lasextaseccion.com.ar/Diciembre_2006/dic_editorial.htm

La nueva Provincia 1

UNA VEZ MÁS... LAS DIAGONALES CONSPIRADORAS
Por Carlos A. Guardiola
Investigación periodística: Lic. María Cristina Garbiero




El Dr. Carlos Pellegrini, fue presidente de la Nación y senador. El general José Inocencio Arias fue un brillante militar y gobernador de la provincia de Buenos Aires. Tuvieron algunas cosas en común: fueron contemporáneos; pensaron en Bahía Blanca como capital de un nuevo estado federal; y murieron sin poder terminar sus respectivos mandatos. ¿Casualidad apropiada? ¿Fatalismo? ¿Conjuras? ¿Qué hizo fracasar este nuevo proyecto? Desentrañamos una historia desconocida e imperdible...


CAPÍTULO: GENERAL JOSÉ INOCENCIO ARIAS
Un mensaje presidencial, una nueva esperanza
Cuando en 1912 el Dr. Roque Sáenz Peña asumió la presidencia de la Nación y dirigió su palabra para la apertura del período parlamentario surgieron, de sus conceptos, la posibilidad cierta que Bahía Blanca, nuevamente, tuviera otra oportunidad para convertirse en la capital de un nuevo estado provincial. Parecía como que los fracasos de anteriores proyectos en esa dirección, como el del fundador de "La Nueva Provincia", Enrique Julio, y el del senador nacional y ex presidente, Dr. Carlos Pellegrini, no hubieran logrado generar sedimentos lo suficientemente desalentadores como para ahuyentar las esperanzas en tal sentido.

El renacimiento de las viejas esperanzas bahienses encontró punto de apoyo en un párrafo muy especial del mensaje del presidente a las cámaras. Es que Sáenz Peña tenía intenciones de realizar una importante obra pública en el partido de Avellanada y, en tal sentido, propiciaba la federalización de ese distrito. Y lo fundamentó aseverando que la incorporación de aquella ciudad al distrito federal se había vuelto impostergable por razones de orden político, económico, de higiene y de seguridad. En esa dirección ya había tenido conversaciones con el gobernador provincial, a la sazón el general José Inocencio Arias, las que explicó habían sido acogidas "con marcada simpatía lo que me permite esperar que la legislatura provincial prestará su consentimiento". Las obras proyectadas permitirían el formal saneamiento del Riachuelo, ¡ya en aquéllas épocas motivo de preocupación!!

Como no podía ser de otra manera el diario "La Nueva Provincia", inmediatamente, se lanzó investigar las proyecciones del pensamiento presidencial, deduciendo que "la parte del mensaje referente a la federalización de Avellaneda" tenía una importancia trascendental para reflotar la idea de Bahía Blanca como cabeza de un nuevo estado federal. Las primeras conclusiones del diario, y sondeos con legisladores nacionales del partido de Roque Sáenz Peña que Enrique Julio tenía muy aceitadas, le permitieron inferir que el proyecto federalizaría un radio de 50 kilómetros que rodearía totalmente la capital del país. Por el norte llegaría hasta el Tigre, por el oeste hasta Luján y por el sur (y he aquí lo más importante), hasta La Plata incluyéndola.

Queda claro que, de prosperar el proyecto, la provincia de Buenos Aires perdería a su capital lo que otorgaba serias chances a la ciudad de Bahía Blanca de serlo de la Buenos Aires "residual". Enrique Julio pudo averiguar que, en compensación de esta federalización, el gobierno nacional se haría cargo de la deuda externa de la provincia que, en aquellos años, ascendía a 300 millones de pesos. Más aún: entraría también la cesión, a la provincia de Buenos Aires, de una parte de los territorios nacionales de La Pampa (proyecto Pellegrini) y de Río Negro (proyecto Enrique Julio). La ciudad elegida por Roque Sáenz Peña, como nueva capital provincial, sería Bahía Blanca y "la ciudad de las diagonales", La Plata, pasaría a convertirse en residencia del presidente de la Nación y sede de los ministerios federales.

A través de sus fluidos contactos con los poderes nacionales, el dueño del diario "La Nueva Provincia" pudo saber que la idea tuvo su origen en una visita que el presidente Roque Sáenz Peña había realizado a La Plata, habiendo manifestado que ésa era la ciudad ideal para convertirla en sede del gobierno nacional a fin que los gobernantes pudieran desarrollar su gestión sin las agitaciones y presiones propias de las grandes urbes.

Pudo saber Enrique Julio que, luego que el primer magistrado diera lectura a su mensaje, dos legisladores bonaerenses: Santiago Luro y Horacio Varela, sorprendidos ante el posible desmembramiento de Avellaneda, se acercaron al presidente para indagarlo al respecto. Este les ratificó que ya había hablado con el gobernador Arias lo que motivó una urgente reunión de los legisladores con el mandatario provincial. Y Arias les manifestó estar de acuerdo con el proyecto por "interpretar conveniencias generales y porque dejaba paso a los intereses superiores de la Nación".

Lo cierto es que la estructura general del proyecto fue anunciada el 11 de junio de 1912 por el gobernador Arias en una conferencia de prensa. En síntesis el proyecto proponía:
ÖLa provincia de Buenos Aires entregaría a la Nación una zona de 50 kilómetros, hacia todos los rumbos del límite actual, comprendiendo los partidos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, San Martín, General Rodríguez, Moreno, Morón, Ramos Mejía, Avellaneda, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Quilmes y partes de San Vicente, Luján, Pilar, Brandsen y La Plata (ver mapa 1).



Mapa 1: implicaba, nada menos, que la provincia se desembarazara de esa malformación geopolítica que, con los años, sería denominada "conurbano" y que quedaba anexada a la ciudad de Buenos Aires

- Circunvalaría esa extensa zona un canal navegable que oficiaría de gran cinturón de la Capital Federal.
- La Plata sería federalizada y pasaría a convertirse en la nueva capital del país, asiento de las autoridades nacionales y los ministerios.
- La nueva cabecera del estado bonaerense sería Bahía Blanca "irreemplazable por sus condiciones de gran ciudad marítima".
- La Nación se haría cargo de una explosiva deuda provincial de 300 millones de pesos y cedería territorios nacionales de La Pampa y Río Negro, a determinar, que permitiría el "ensanche" de la provincia (ver mapa 2).



Mapa 2: el proyecto generaba la anexión a la nueva provincia de territorios, no determinados, de La Pampa y Río negro en canje por los 23 distritos que se anexaban a la capital del país

Ese señor llamado Arias

La primera pregunta a formularse es desde cuándo y por qué este gobernador, casi a contramano con la política asumida por sus antecesores en el cargo, adoptó una actitud tan positiva con respecto al traslado de la capital provincial a Bahía Blanca. Las primeras conjeturas, en tal sentido, pueden encontrarse en declaraciones que el propio general Arias hizo al diario "La Prensa" de Capital Federal. Allí deslizó que, en una visita realizada, la ciudad sureña lo había impactado. También influyó en su ánimo un libro escrito por el Dr. Adolfo Posada, catedrático de la Universidad de Madrid, titulado "La República Argentina", que ensalza a Bahía Blanca comparándola con la emblemática ciudad inglesa de Liverpool que, muchos años después, sería cuna de los revolucionarios Beatles. Posada avanzó mucho más en su análisis y subrayó las siguientes ventajas:

a) La distancia que la separaba de la Capital Federal era una sólida garantía para evitar el asedio del poderío económico de esa metrópoli.

b) Era el asiento natural de la corriente inmigratoria no asimilada por la capital nacional.
c) Su explosión demográfica: 23.194 habitantes en 1900 y que, ya para 1909, superaba los 69.000.

d) Su economía creciente. La recaudación de 1900 fue de $ 173.630 y, nueve años después, ascendía a $ 825.703 con finanzas saneadas.

e) Sus colegios, instituciones y el grado de intelectualidad de sus habitantes.
Pero sin duda lo que el mandatario provincial se cuidó de comentar fue que la deuda externa provincial, acumulada, era de tal magnitud que los 300 millones de pesos aliviarían no sólo las arcas de su gobierno sino de los siguientes que lo sucedieran.


Las reacciones

La gran mayoría de los legisladores nacionales bonaerenses, que habían asistido a la conferencia de prensa de Arias, no sólo se retiraron de la misma de manera destemplada, sino que no concurrieron tampoco al banquete que el gobernador ofreció a continuación de la misma. Algo olía mal y la agitación provocada por el anuncio no tardó en expandirse. Al igual que lo ocurrido con el proyecto del Dr. Carlos Pellegrini, el desmembramiento territorial fue la bandera izada por los detractores.


Bahía Blanca: hora clave
Enterados de la buena nueva los bahienses iniciaron una decidida acción cívica tendiente a cristalizar sus viejos anhelos. El 13 de junio de 1912 se llevó a cabo, en el palacio municipal, una asamblea que resolvió la formación de un comité popular "Pro Capitalización" que fue presidida por el Dr. Gregorio Ugarte y secundado, en diferentes cargos, por personalidades de la talla de Norman Geddes, Emilio Duprat, Enrique Julio, el Dr. Valentín Vergara, Rufino Rojas, Ramón Olaciregui, Narciso Mallea, el Dr. Leónidas Lucero, Tomás López Cabanillas y Jorge Moore, entre otros. Naturalmente sus integrantes pertenecían a las esferas más representativas de la ciudad en el ámbito político, económico y social.

Estos notables desplegaron una batería de acciones que no reparó ni tiempo ni inversión económica. Así mantuvieron fluido contacto con el presidente de la Nación y con el gobernador Arias; buscaron adhesión en distritos vecinos; panfletearon; utilizaron la prensa; realizaron asambleas regionales constituyendo otros comités de campaña. Sin duda conmovieron a la opinión pública y Coronel Pringles, Benito Juárez, Tres Arroyos, Coronel Dorrego y Coronel Suárez se sumaron rápidamente a la nueva cruzada.


Los Maquiavelos platenses

El "blitzkrieg" para defenestrar el proyecto, cuando no, tuvo su impronta en la legislatura provincial integrada, mayoritariamente y tal como ocurre en la actualidad, por legisladores del centro y norte bonaerense. Se indignaron y rasgaron sus vestiduras (a la usanza romana) por la pérdida territorial que significaría la "evaporación" de los 23 distritos que serían federalizados si el proyecto culminaba con éxito.

La ingeniería para hacerlo fracasar tampoco reparó ni en formas ni en medios: minutas de interpelación al ejecutivo provincial; encendidos discursos parlamentarios; visitas cotidianas a diarios y revistas de la época; movilización de los barrios periféricos de La Plata (algo así como los piqueteros de aquella época) mitines y panfleteadas fueron algunos de los recursos utilizados.

Era claro que, a medida que pasaban los días, en el congreso provincial se iba generalizando la sensación que lo de Roque Sáenz Peña y Arias "no correría".
El gobernador, que además de militar tenía olfato político, entendió que lo prudente era guardar silencio y retirarse de la escena sabiendo que "soldado que huye, sirve para otra guerra".

Para septiembre de 1912 el proyecto estaba en "vía muerta" aunque aún le faltaba el "disparo a la nuca" para terminar de rematarlo.

Y esa "bala" llegó desde La Plata, "la ciudad inventada", con noticias poco alentadoras sobre su salud.

El general Arias había abandonado las tareas de gobierno las que delegó en su vicegobernador, el coronel Ezequiel de la Serna.

Su enfermedad, que comenzó como una simple gripe, se convirtió más tarde en congestión pulmonar y una complicación renal terminó provocando su deceso el 11 de septiembre de ese año.


Trama secreta

Una revista de la época, PBT, deslizó en un suelto que su deceso tuvo mucho de conjura e intriga palaciega "y que su desaparición, oportuna, fue funcional a los intereses provinciales que este general no representaba". Para colmo su ama de llaves, que era británica, salió sigilosamente del país una semana después de la muerte del general. La publicación deslizaba, intencionadamente, que buena parte de la onerosa deuda provincial tenía como acreedora mayoritaria a la banca inglesa.

Deberá recordarse (ver nuestra nota anterior) que los ingleses dominaban el puerto de Buenos Aires y que los norteamericanos necesitaban, para su expansión geopolítica continental, un puerto en el Atlántico y que, en esa dirección, habían alentado la creación de una nueva provincia, con capital en Bahía Blanca, bajo cuyo ejido operaba el puerto de aguas profundas más importante del país. Sin embargo no querían enemistarse con los británicos lo que los obligaba a manejarse con cautela. Y los ingleses, que sospechaban de las intenciones americanas, fueron permeables al otorgamiento de empréstitos a la provincia (gestionados por legisladores del centro y norte bonaerense) que, al endeudarse, perdió capacidad de manejo y autonomía. Es obvio, entonces, que el proyecto del presidente Roque Sáenz Peña, que incluía el salvataje financiero para las alicaídas arcas provinciales, amenazó con hacer naufragar la estrategia británica de evitar la competencia americana en el Atlántico si es que "los primos" se hacían del puerto de Bahía Blanca.


El adiós al general

Su muerte fue muy lamentada. De hecho, y en homenaje al hombre que había generado una nueva posibilidad para la ciudad, se le puso años más tarde su nombre a la arteria empedrada que une Bahía Blanca con Ingeniero White. La muerte del general José Inocencio Arias dejó sin realización posible al proyecto. Su secretario, Manuel María Oliver, escribió una carta a Enrique Julio donde le comentaba: "Un día antes de su fallecimiento me expresó: Dígales a los de Bahía Blanca que no cejen en sus proyectos; que si me muero no abandonen la idea ya que la misma contribuirá a la grandeza de la Nación y de la provincia. Pero parece que Dios no quiere. Dejo la semilla en el surco... que otros trabajen y cosechen". Un día más tarde el mentor había muerto. Un comunicado de La Plata terminó de poner la lápida definitiva. Escuetamente decía: "Siendo transitorio el gobierno del coronel de la Serna, cuya principal atención estará puesta en las próximas elecciones a gobernador y renovación legislativa, no podrá ocuparse de la federalización propuesta por el gobernador Arias".

¡Qué distinto hubiera sido el futuro de la "provincia interior" si, casi un siglo atrás, hubiera podido desembarazarse de esa malformación geopolítica denominada "conurbano"!!

El tango, con sus letras tristes y melancólicas, suele aportarle al periodista la filosofía de bolsillo necesaria para algún cierre de nota que tenga esa impronta. Un réquiem apropiado si se quiere. Por eso "Desencuentro", de Aníbal Troilo y Cátulo Castillo pareciera el adecuado. Dice el poeta: "Creíste en la honradez y en la moral... ¡qué estupidez! Por eso, en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir".

Bahía Blanca, una vez más, había tenido un "desencuentro" con la historia de grandeza para la que estaba preparada.


FUENTE: http://www.lasextaseccion.com.ar/febrero2007/feb_editorial.htm

La Residencia de Olivos al trasladarse la Capital

Historia de la residencia de olivos y que hubiera pasado con ésta al trasladarse la Capital Federal a la Patagonia




La residencia de olivos corresponde a la suerte Nº 39 que Juan de Garay otorga a Rodrigo de Ibarrola, entre las actuales Carlos Villate y Antonio Malaver.

Al comenzar el siglo XIX era propiedad de Justa Rufina de Barsavilbaso, única hija de Manuel Barsavilbaso (quien se la había comprado a Pedro Morán) casada con Miguel de Azcuénaga.

Justa Rufina muere en 1819 y Miguel de Azcuénaga el 19 de diciembre de 1833.

Muertos ambos sus hijos heredan la propiedad, compuesta por La Chacra Vieja (La Manuela) heredada por Manuela y La Chacra Nueva (actual Quinta Presidencial) heredada por Manuel José, quien ya se dedicaba a la cría de caballos de raza.

En 1853 decide reformar la casa y recurre a su amigo Prilidiano Pueyrredón quien confecciona los planos y luego viaja a Europa.

De acuerdo a esos planos se realiza la construcción y Pueyrredón recién la conoce a su regreso.

Manuel José, soltero y sin sucesión, deja la quinta a sus sobrinos. Olaguer Feliú Azcuénaga fallece en 1873 y en 1881 muere su hermana, los herederos reparten los bienes, y La Chacra Nueva queda en poder del Dr. Antonio Justo Olaguer Feliú y Azcuénaga, ciego, soltero y sin sucesión.

En 1903 la hereda Carlos Villate Olaguer (tataranieto de Miguel de Azcuénaga y del Virrey Antonio Olaguer Feliú).

Poseedor de varias estancias, viajaba a menudo a París, y entre sus viajes disfrutaba de la quinta. Tenía un yate que anclaba en un muelle que había en el río.

En 1918 muere teniendo 46 años, dejó en su testamento parte de la chacra (desde el río a Maipú) como residencia veraniega para los presidentes de la república.

La donación fue aceptada el 3 de septiembre de 1920 ante el Juzgado Civil a cargo del Dr. Uladislao Padilla.

El 30 de septiembre el presidente Hipólito Irigoyen firma el decreto aceptando el legado, pero nunca ocupó la residencia, envió a tomar posesión al Dr. Honorio Pueyrredón.

El presidente de facto Tte. Gral. José Félix Uriburu la ocupo con su familia y el primer presidente constitucional que la habitó fue Justo e hizo grandes reformas en el parque, sustituyó el alambrado y el ligustro por un cerco de alambre artístico y reemplazó las tranqueras por portones de madera techados.

Instaló una colonia para niños débiles. Mejoró el edificio y a las caballerizas las convirtió en comedor para 1500 niños. Plantó sobre la avenida los famosos jacarandaes. También cedió la zona entre Libertador y el río al círculo militar.
El presidente Perón modernizó el parque, arregló el edificio, construyó el micro-cine y convirtió la colonia creada por Justo en sede deportiva de la Unión de Estudiantes Secundario.

El Dr. Frondizi es el primer presidente constitucional que utiliza la quinta como residencia permanente.

El presidente Dr. Arturo Illia habilitó una sala especial, al costado de la entrada principal, para que los periodistas desarrollen sus tareas. El general Lanusse, presidente de facto, inaugura el 22 de diciembre de 1972 la capilla Nuestra Señora de la Merced.

El presidente constitucional Dr. Héctor Cámpora solamente durmió una noche en la quinta y lo hizo en un sillón.

En 1974 la habita el general Perón, quien fallece en la quinta el 1 de julio, convirtiéndose en el tercer muerto en la residencia (los otros fueron Azcuénaga y Villate).

Asume el gobierno la vicepresidente María Estela Martínez de Perón y durante su estadía se construye el muro perimetral de ladrillo y se colocan puertas de hierro, en septiembre de 1975 la municipalidad promulga un nuevo código de Edificación, prohibiendo las construcciones que superen los 2 pisos.

El 10 de diciembre de 1893 asume el presiente Dr. Raúl Alfonsín, quien da nuevas funciones a la residencia. Algunos días de la semana permanecía en ella desempeñando sus tareas y convirtiendo a la quinta en Casa de Gobierno.

También se construye un túnel para acceder por la Avenida Libertador.

Al asumir Carlos Saúl Menem, en 1989, construye la cancha de golf y la de Paddle, el polígono de tiro, la sala de periodistas y realiza grandes cambios es el interior de la casa.

Si hubiese prosperado el traslado de la Capital a Viedma, la quinta sería hoy en día un hermoso parque público para los vecinos de Vicente López y para todos los habitantes de Argentina y del mundo que visitaran este municipio bonaerense.


FUENTE: http://www.vicentelopezportal.com.ar/archivos/24-1-05.htm

Entregaron diplomas a Legisladores que asumieron en 1983 y hubo "Fiesta Popular"

25 años de Democracia

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El gobernador de Río Negro, Miguel Saiz, encabezó hoy el acto de entrega de diplomas a ex legisladores provinciales que asumieron en 1983, en coincidencia con el regreso de la democracia al país. El acto se desarrolló en la Legislatura Provincial, en el marco de las actividades conmemorativas por los 25 años de democracia en la República Argentina. A la tarde hubo recitales y fuegos artificiales.


La apertura del acto se desarrolló en el propio recinto, y estuvo a cargo del presidente del Parlamento Rionegrino, Bautista Mendioroz, quien rememorando la primera sesión legislativa del ‘83, le cedió la palabra al ex titular del cuerpo, Adalberto Caldelari, como así también al ex legislador del PJ, Enrique Palmieri y al radical Jorge López Alfonsín.

Luego de las palabras de los ex parlamentarios, se hizo entrega de los distintos reconocimientos de los diplomas, a cargo del gobernador Miguel Saiz; el presidente de la Legislatura, Bautista Mendioroz; y el ex presidente del Parlamento, Adalberto Caldelari.

En su discurso, los ex legisladores recordaron su paso por la Legislatura Provincial luego de un período de inactividad de las instituciones democráticas, resaltando además que en esta oportunidad se está conmemorando un hecho histórico en el país: 25 años de democracia ininterrumpida.

En tanto, en horas de la tarde, el mandatario junto a miembros de su gabinete, autoridades provinciales, e invitados especiales presidió esta ceremonia en los jardines del ministerio de Hacienda de la Provincia, oportunidad en que descubrió junto al Intendente de Viedma, Jorge Ferreira y al Vicegobernador, Bautista Mendioroz, una placa en homenaje al ex presidente Raúl Ricardo Alfonsín, a través de la cual se nombra a dichos jardines con el nombre del ex mandatario nacional.

Este sector fue el 16 de abril de 1986 escenario del anuncio del proyecto de traslado de la capital federal a esta región, en el marco de la convocatoria a marchar “al sur, al mar y al frío”, realizada por Alfonsín.

Durante el acto, transmitido a todo el territorio rionegrino a través de la señal de L U 92 TV Canal 10 y sus repetidoras, fueron homenajeadas las ex autoridades que cumplían funciones en aquel primer período de la democracia recuperada.

La ceremonia finalizó con un mensaje a la ciudadanía del primer mandatario rionegrino. En la oportunidad Saiz señaló:

“Recordar los 25 años del regreso a la democracia en nuestro País tiene que tener un sentido que va mas allá del acto histórico que recordamos y del homenaje a todos aquellos que pelearon por defender, recuperar y consolidar el sistema.

“Tiene que tener el sentido de revisar el contenido de nuestra democracia, sus objetivos, sus fortalezas y sus debilidades para poder actualizarla permanentemente.

“En el acto de homenaje al ex presidente Raúl Alfonsín hace algunas semanas en Buenos Aires recordábamos el sentido que le daba Alfonsín a la democracia en sus discursos electorales: el Preámbulo de la Constitución Nacional. Los derechos que los argentinos queríamos recuperar, la justicia, la libertad, la paz. El contenido era el contenido de una democracia republicana, frente a la peor dictadura de la historia argentina.

“No fue fácil, y recordamos las dificultades por las que se atravesaron, y Alfonsín volvió a definir un nuevo objetivo para esa democracia incipiente. Lo hizo con aquella frase “Con la democracia se come, se cura y se educa”. Era el nuevo objetivo que se planteaba esa joven democracia, el objetivo de lograr una Democracia Social.

“Y así podemos analizar a la democracia como ese instrumento que tienen las sociedades para enfrentar grandes desafíos. La democracia de Irigoyen recuperando la soberanía popular, la democracia de Illia, recuperando la paz social, la democracia de Perón buscando la inclusión social.

“Renovemos nosotros también nuestro compromiso, y los objetivos de nuestra democracia, para que siga viva y vigente en sus ideales.

“La crisis del 2001, le planteo a la sociedad un desafío tremendo. Quizás el desafío más grave que tuvo que afrontar la sociedad argentina. Y la Democracia dio respuesta. ¿Qué hubiera sido sin ella…?

Así como había dado respuesta frente a la dictadura en 1983, dio respuesta frente a la desintegración social, política y económica del país.

“La Democracia se sustenta con ciudadanos y dirigentes con ideales. Dirigentes comprometidos con una actitud constructiva. La oposición por la oposición misma es aquella que solo busca el poder por el poder mismo. Y este cobra valor solo y únicamente si es sensible ante el dolor de la gente, y busca solucionar sus problemas.

“Quienes me conocen saben de mi amplitud democrática. De más está redundar sobre lo importante que considero el nacimiento de nuevos y superadores liderazgos.

“Debemos seguir trabajando firmemente en la superación de antiguas concepciones políticas que nos permitan crecer en consonancia con lo que se nos exige, sin infructuosos enfrentamientos que consumen un tiempo vital indispensable para producir.

“La democracia exige acción e innovación y no llegamos adonde llegamos para ser pasivos protagonistas de un mandato. Hacer política es dialogar, debatir, discutir, deliberar, procurar concertaciones y consensos.

“La democracia también significa respeto absoluto por las instituciones y los poderes del estado. En la democracia no se atenta contra la institucionalidad. En la democracia cada uno debe respetar cabalmente el rol que le fue encomendado.

“En las grandes democracias no existen o no deberían existir los superpoderosos que se creen los dueños de verdades absolutas y señalan con el dedo y acusan con intencionalidad. No tienen cabida aquellos que se exceden en sus facultades, que subestiman a la ciudadanía, que abusan de su rol y producen severos avasallamientos de la independencia de poderes, el equilibrio republicano y la libertad.

“No deben existir los autoritarios que menosprecian las leyes y a las personas, que producen acciones mediáticas inconsistentes e imprudentes degradando y destruyendo al otro como forma de construcción de la imagen propia.

“Este Poder Ejecutivo ha sido y sigue siendo absolutamente respetuoso del resto de los poderes del estado. Exijo a los Legisladores, Jueces y organismos de control igual respeto.

“Reitero lo que dije al momento de asumir esta gestión: “no creo en atajos ni en golpes de efecto en el ejercicio del mandato popular. Creo en la responsabilidad y en la prudencia en la tarea de gobernar, porque la pretensión de obtener réditos políticos de corto plazo es un enfoque equivocado que conspira contra las instituciones y contra la democracia.”

“No hay paz social ni democracia cuando se pretende ordenar la sociedad con pretensiones de verdad absoluta. Así lo indica la historia tanto en nuestra experiencia de argentinos como en la de toda Latinoamérica.

“Cerca de la verdad está la exactitud, y en sus proximidades la objetividad, al punto de que la dicotomía entre esta última y la interpretación constituye un análisis errado del problema.

Una cosa es la ineludible distorsión derivada de la interpretación de los hechos realizada imparcial, honradamente y con la menor subjetividad posible y otra, la interpretación corrompida, que no aspira a la verdad sino que da salida a los prejuicios, a los intereses personales, a las parcialidades y a la intolerancia.

“Los desafíos del 83, deben ser también los desafíos de ahora, y por eso convoco a la ratificación de estos objetivos republicanos y de defensa de las instituciones.

“Ratificamos nuestro compromiso con el pleno e independiente funcionamiento de las instituciones de la Constitución. El respeto a la independencia del Poder Judicial y del Poder Legislativo, de los organismos del control y de los municipios.

“Convocamos a todos a ejercer esa independencia con la más alta responsabilidad institucional que admite la Constitución.

Exigimos a la oposición esa misma responsabilidad para que sus acciones contribuyan al fortalecimiento del sistema republicano y no a su deterioro.

“Convocamos a la sociedad civil, los medios de comunicación y a todos y cada uno de los rionegrinos, a recuperar el sentido que la democracia tiene para cada uno, con los derechos y sobre todo con las obligaciones de responsabilidad social.

“Todos juntos trabajando en la búsqueda de la unidad nacional, recuperando un proyecto de País y de sociedad.

“La búsqueda del diálogo y del consenso, los grandes acuerdos por encima de las pequeñas diferencias.

“La búsqueda de la inclusión social, que ningún argentino quede afuera del sistema social y laboral.

“La recuperación de una ética y una moral republicana y democrática que no se declame, sino que se ejerza.

“Bajo estos pilares es que estamos trabajando todos los días, buscando fortalecer el sentido de la democracia hoy.

“Y lo tenemos que hacer en los actos y gestos más pequeños, desde la solidaridad con el vecino, hasta el dialogo con sectores que piensan diferente en algunos temas, pero con los que tenemos que acordar las grandes políticas de Estado y por sobre todas las cosas con la práctica diaria de interpretar al pueblo, enfrentando la lucha cotidiana.

“Tenemos que hacerlo dando respuestas a los problemas de los rionegrinos. Cara a cara con la gente, mirando y asumiendo con voluntad y decisión los compromisos necesarios que nos permitan enfrentar la realidad de esta provincia para hacerla cada día mejor.

“Vale recordar por un momento que el desarrollo de una nación no se mide sólo por la renta que tenga o el producto bruto que genere. Una nación desarrollada – o una provincia desarrollada, si se quiere – lo es, sobre todo, por el nivel cultural de su gente y la capacidad de solidaridad con que se dota a través del Estado.

“Este es un mecanismo fundamental si efectivamente queremos hacer de Río Negro una provincia moderna, eficaz en su funcionamiento, competitiva en la producción, explotación y exportación de sus recursos e igualitaria para todos sus habitantes.

“Alfonsín nos decía en su mensaje del Luna Park: “Hay que entender que tenemos que trabajar para mejorar la sociedad argentina. Se trata no solamente de un problema de los políticos ni del gobierno. Es un problema de la sociedad, de la sociedad toda, que debe encontrar la forma de receptar los reclamos de cada uno con el propósito de discutirlos, y ver la forma de hallar consensos que superen disensos, que sin embargo necesita, desde luego, la democracia.”

“Frente a la diferencia, tolerancia y concertación, acuerdos y consensos, esa es nuestra democracia hoy.

“Renovamos nuestro compromiso con los ideales de una ética solidaria y una moral cívica, basada en la austeridad y en el compromiso social.

“Los convoco a todos los rionegrinos, a la unión por estos ideales. 25 años de democracia en la Argentina y en Río Negro, nos han enseñado mucho, nos hemos equivocado y hemos aprendido, pero sobre todo ha fortalecido nuestro compromiso con ella.

“Defendamos el esfuerzo de todos aquellos que han luchado y dejado la vida por esta democracia. Vaya hacia ellos nuestro homenaje de hoy”.


FUENTE: Publicado en el diario Anbariloche.com.ar, el 10 de diciembre de 2008

http://www.anbariloche.com.ar/noticia.php?nota=6590