Descentralización y Desconcentración Administrativa

por Pablo Fernández de Castro
iure@hotmail.com

Introducción

La satisfacción de los intereses colectivos por medio de la función administrativa se realiza fundamentalmente por el Estado. Para Gabino Fraga la función administrativa, desde el punto de vista formal, se define como “la actividad que el Estado realiza por medio del Poder Ejecutivo”, y desde el punto de vista material como “la actividad que el Estado realiza bajo un orden jurídico, y que consiste en la ejecución de los actos materiales o de actos que determinan situaciones jurídicas para casos individuales”.

Para ese objeto el Estado se organiza en una forma especial adecuada sin perjuicio de que otras organizaciones realicen excepcionalmente la misma función administrativa[1].

Tal organización especial constituye la administración pública, que debe entenderse desde el punto de vista formal como “el organismo público que ha recibido del poder político la competencia y los medios necesarios para la satisfacción de los intereses generales”[2] y desde el punto de vista material como “la actividad de este organismo considerado en sus problemas de gestión y de existencia propia tanto en sus relaciones con otros organismos semejantes como con los particulares para asegurar la ejecución de su misión”[3]. Con un criterio análogo, Georges Vedel considera a la administración, en sentido funcional, como designado a una cierta actividad, y como el conjunto de personas cumpliendo tareas de administración, en su acepción orgánica. Es decir, la administración pública presupone tanto la actividad administrativa que desarrolla el Estado, como el conjunto de órganos que desarrollan dicha actividad.

Los órganos de la administración pública son las unidades entre las que se divide la competencia del Estado en materia administrativa y sus titulares son aquellas personas físicas que forman y exteriorizan la voluntad de éste.

Es necesario, entonces, distinguir entre el órgano y su titular, pues mientras el primero representa una unidad abstracta, una esfera de competencia, el titular representa una persona concreta que puede cambiar sin afectar el órgano y que tiene, además de la voluntad que en la esfera de competencia del órgano representa la del Estado, una voluntad dirigida a la satisfacción de sus propios intereses.

Por su parte, Acosta Romero afirma que la administración pública es la parte de los órganos del Estado que dependen directa o indirectamente del Poder Ejecutivo; tiene a su cargo toda la actividad estatal que no desarrollan los otros poderes, su acción es continua y permanente, siempre persigue el interés público, adopta una forma de organización jerarquizada y cuenta con: a) elementos personales; b) elementos patrimoniales; c) estructura jurídica y d) procedimientos técnicos. Sin embargo precisa Vedel: la administración pública no es la única función del Ejecutivo, pero la administración es exclusivamente su responsabilidad.

En México, el Poder Ejecutivo es unipersonal y se deposita su ejercicio en el Presidente de la República quien es, al mismo tiempo, jefe de Estado, jefe de gobierno y jefe de la administración pública. Así pues, además de la función administrativa, el Poder Ejecutivo mexicano desarrolla funciones de gobierno y de Estado.

En México, en virtud del sistema federal que caracteriza al Estado, existen tres niveles de gobierno: el municipal, el estatal y el federal, en cada uno de los cuales se puede encontrar el correspondiente nivel administrativo.

La administración pública, como parte del aparato administrativo se rige por el principio del Estado de Derecho y en virtud de su actividad se encuentra subordinada al mandato de la norma jurídica. Toda actividad del Estado en materia administrativa es objeto del derecho administrativo, por lo que es preciso establecer su definición.

El derecho administrativo es la rama del derecho público que tiene por objeto regular la actividad del Estado que se realiza en forma de función administrativa para satisfacer las necesidades esenciales de la colectividad. El poder encargado normalmente de la administración pública es el Ejecutivo, aunque no es el único.

El derecho administrativo regula, salvo algunas variantes:

La estructura y organización del poder encargado normalmente de la función administrativa.

Los medios patrimoniales y financieros de que la administración pública necesita para su sostenimiento y para garantizar la regularidad de su actuación.

El ejercicio de las facultades que el poder público debe realizar bajo la forma de la función administrativa.

La situación de los particulares con respecto a la administración.

El artículo 90 constitucional precisa que la administración pública federal será centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que expida el Congreso de la Unión (Ley Orgánica de la Administración Pública Federal), la que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las secretarías de estado y departamentos administrativos (LOAPF, art. 2º) y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Poder Ejecutivo en su operación.

Conforme al artículo 1º de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Poder Ejecutivo Federal se auxilia, para cumplir con sus funciones administrativas, de las dependencias de la administración centralizada y las entidades paraestatales. En la primera categoría se encuentran: la Presidencia de la República, las secretarias de estado, los departamentos administrativos y la Procuraduría General de la República. Por otra parte, los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y fianzas y los fideicomisos, integran la administración pública paraestatal.

La organización administrativa se presenta bajo diversas modalidades, pero a los tipos a los que éstas pueden reducirse son fundamentalmente dos: el Régimen de centralización y el régimen de descentralización.


Centralización

Existe el régimen de centralización administrativa cuando los órganos se agrupan colocándose unos respecto a otros en una situación de dependencia tal que entre todos ellos existe un vínculo que, partiendo del órgano situado en el más alto grado de ese orden , los vaya ligando hasta el órgano de ínfima categoría, a través de diversos grados en los que existen ciertas facultades.

La relación jurídica que liga a los diversos órganos colocados en la situación que se acaba de describir, constituye lo que se denomina relación de jerarquía.

Mediante dicha relación se explica como se mantiene la unidad del poder administrativo, a pesar de la diversidad de los órganos que lo forman.

La relación de jerarquía consiste en una relación de dependencia que implica ciertos poderes de los órganos superiores sobre los inferiores, en cada grado de la jerarquía, hasta el Presidente de la República, que es el jefe jerárquico superior de la administración pública federal.

En México, el régimen centralizado, constituye la forma principal de la organización administrativa. Su estudio viene a ser el de la organización del Poder Ejecutivo, en cuyas manos se concentra principalmente la mayor parte de la función administrativa.

El Presidente tiene, según la Constitución, un doble carácter: de órgano político y de órgano administrativo. Su carácter de órgano político deriva de la relación directa e inmediata que guarda con el Estado y con los otros órganos representativos del mismo Estado. Dentro de la esfera que le señala la ley, su voluntad constituye la voluntad del Estado.

Como autoridad administrativa, el Presidente de la República constituye el jefe de la administración pública federal.

Ocupa el lugar más alto de la jerarquía administrativa, concentrando en sus manos los poderes de decisión, de mando y jerárquico necesarios para mantener la unidad en la administración.


Descentralización

Gabino Fraga define la descentralización en los términos siguientes: “Al lado del régimen de centralización existe otra forma de organización administrativa: la descentralización, la cual consiste en confiar la realización de algunas actividades administrativas a órganos que guardan con la administración central una relación que no es la de jerarquía” y concluye: “el único carácter que se puede señalar como fundamental del régimen de descentralización es el de que los funcionarios y empleados que lo integran gozan de una autonomía orgánica y no están sujetos a los poderes jerárquicos.

Así aparece, una diferencia fundamental entre la descentralización y la centralización administrativas, ya que en esta última todos los órganos que la integran están ligados por la relación jerárquica que implica una serie de poderes superiores respecto de los actos y de los titulares de los órganos inferiores.

La descentralización administrativa se distingue de la descentralización política que se opera en el régimen federal, porque mientras que la primera se realiza exclusivamente en el ámbito del Poder Ejecutivo, la segunda implica una independencia de los poderes estatales frente a los poderes federales.

Además, en tanto que la descentralización administrativa es creada por el poder central, en la descentralización federal los estados miembros son los que crean al Estado federal, participan en la formación de la voluntad de éste y su competencia no es derivada, como es la de los órganos administrativos descentralizados, sino que, por el contrario es originaria en el sentido que las facultades son atribuidas expresamente al Estado federal se entienden reservadas a los Estados miembros.

Para el diccionario de la Lengua Española, la palabra descentralización significa acción y efecto de descentralizar y esta última: “Transferir a diversas corporaciones u oficios parte de la autoridad que antes ejercía el gobierno supremo del Estado”[4].

Descentralización para el derecho administrativo es una forma jurídica en que se organiza la administración pública, mediante la creación de entes públicos por el legislador, dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, y responsables de una actividad específica de interés público. A través de esta forma de organización y acción administrativas, que es la descentralización administrativa, se atienden fundamentalmente servicios públicos específicos.

Por su parte, Andrés Serra Rojas explica que descentralizar no es independizar, sino solamente dejar o atenuar la jerarquía administrativa, conservando el poder central limitadas facultades de vigilancia y control.

La autonomía de los órganos descentralizados presupone no estar sujetos a la administración central, esto es, no estar sujetos a las decisiones jerárquicas de ésta. Dotar de personalidad jurídica y patrimonio propios, a los entes descentralizados es una forma de asegurar en parte esa autonomía, pero falta su autonomía económica consistente en la libre disposición de los bienes que forman su patrimonio propio y en la aprobación y ejecución que hagan de su presupuesto sin injerencia de ninguna autoridad central.

La descentralización ha adoptado tres modalidades diferentes, que son:

1. Descentralización por región. Consiste en el establecimiento de una organización administrativa destinada a manejar los intereses colectivos que correspondan a la población radicada en una determinada circunscripción territorial. Esta modalidad de la descentralización se adapta de una manera más efectiva a las aspiraciones democráticas, y además, desde el punto de vista de la administración, significa la posibilidad de una gestión más eficaz de los servidores públicos, y por lo mismo, una realización más adecuada de las atribuciones que al Estado corresponden. Los organismo descentralizados por región son aquellos que atienden y satisfacen las necesidades públicas de una región, como es el municipio[5].

2. Descentralización por servicio. El Estado tiene encomendada la satisfacción de necesidades de orden general, que requiere procedimientos técnicos sólo al alcance de funcionarios que tengan una preparación especial. La forma de conseguir ese propósito es dar independencia al servicio y constituirle un patrimonio que sirva de base a su economía. Los organismos descentralizados por servicio son aquellos que prestan determinados servicios públicos (Comisión Federal de Electricidad, Ferrocarriles Nacionales de México, Instituto Mexicano del Seguro Social, Universidad Nacional Autónoma de México, etc.).

3. Descentralización por colaboración. Constituye una modalidad particular del ejercicio de la función administrativa con caracteres específicos que la separan notablemente de los otros dos tipos anteriores de descentralización. La descentralización por colaboración se origina cuando el Estado adquiere mayor ingerencia en la vida privada y cuando, como consecuencia, se le presentan problemas para cuya resolución se requiere una preparación técnica de que carecen los funcionarios políticos y los empleados administrativos de carrera. Para tal evento, se impone o autoriza a organizaciones privadas su colaboración, haciéndolas participar en el ejercicio de la función administrativa. De esta manera, la descentralización por colaboración es una de las formas del ejercicio privado de las funciones públicas.

En estos tres tipos de descentralización no hay caracteres idénticos y uniformes, pues a diferencia de la centralización, aquel régimen constituye una tendencia de alcances muy variables. Sin embargo, y reconociendo todos los matices que pueden revestir los organismos descentralizados, la doctrina ha tratado de fijar algún carácter esencial común para todos ellos.

Así pues, el único carácter que se puede señalar como fundamental del régimen de descentralización es el de que los funcionarios y empleados que lo integran gozan de una autonomía orgánica y no están sujetos a los poderes jerárquicos característicos del régimen centralizado en el que las autoridades superiores tienen determinadas facultades con relación a las personas y a los actos de los empleados inferiores.


Desconcentración

La centralización y la desconcentración responden a la misma noción de organización administrativa centralizada. La desconcentración está dentro del cuadro de la centralización, que sólo se distingue por la forma periférica en que desarrolla sus funciones.

Los órganos desconcentrados son parte de la centralización administrativa cuyas atribuciones o competencia la ejercen en forma regional, fuera del centro geográfico en que tiene su sede el poder central supremo. Luego pueden desconcentrarse las administraciones federal, estatal y municipal. La administración del Distrito Federal tiene como principales órganos desconcentrados as las delegaciones políticas.

Es entonces, la desconcentración, la forma jurídico-administrativa en que la administración centralizada con organismos o dependencias propias, presta servicios o desarrolla acciones en distintas regiones del territorio del país. Su objeto es doble: acercar la prestación de servicios en el lugar o domicilio del usuario, con economía para éste, y descongestionar al poder central.

Para el jurista español, De la Vallina Velarde, la desconcentración es “aquel principio jurídico de organización administrativa en virtud del cual se confiere con carácter exclusivo una determinada competencia a uno de los órganos encuadrados dentro de la jerarquía administrativa, pero sin ocupar la cúspide de la misma”[6].

La desconcentración está consagrada en el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a saber: “Para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, las Secretarías de Estado y los Departamentos administrativos podrán contar con órganos administrativos desconcentrados que les estarán jerárquicamente subordinados y tendrán facultades específicas para resolver la materia y dentro del ámbito territorial que se determine en cada caso, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.”


Descentralización y Desconcentración

Se distingue la descentralización de la desconcentración, ya que ésta consiste en atribuir facultades de decisión a algunos órganos de la administración que, a pesar de recibir tales facultades, siguen sometidos a los poderes jerárquicos de los superiores.

La descentralización y la desconcentración son formas jurídicas en que se organiza la administración y en las dos el poder central transmite parte de sus funciones a determinados órganos u organismos. Existe la diferencia esencial en que los órganos de la primera están fuera de la relación jerárquica del poder central y los organismos de la segunda están sujetos al poder jerárquico.

Los organismos descentralizados tienen personalidad jurídica y patrimonio propios, los órganos desconcentrados carecen de los dos. No existe diferencia por cuanto a las funciones que pueden desarrollar, pero para el derecho es mejor mecanismo el descentralizado a fin de prestar ciertos servicios públicos o para llevar a cabo empresas productoras de bienes.


Fichas Bibliográficas

1. Fraga, Gabino. Derecho administrativo, 13ª ed., México, Porrúa, 1969.

2. Vallina Velarde, Juan Luis de la. “La desconcentración administrativa”, Revista de Administración Pública, Madrid, núm. 35, mayo-agosto de 1961.

3. Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española,19ª ed., Madrid, 1970.

4. Diccionario Jurídico Mexicano, 4 vols., 9ª ed., UNAM / Instituto de Investigaciones Jurídicas / Porrúa, México, 1996.

[1] Tal organización no es la única que realiza funciones administrativas, otros géneros del Estado, el Legislativo y el Judicial también realizan actividad administrativa. El derecho administrativo regula esta actividad, que no proviene de los órganos administrativos y comprende en consecuencia, la función reguladora del derecho administrativo, a toda la actividad administrativa.
[2] Fraga, Gabino. Derecho administrativo, 13ª ed., México, Porrúa, 1969.
[3] Idem
[4] Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española,19ª ed., Madrid, 1970.
[5] La organización jurídico-política del gobierno mexicano tiene tres niveles: federación, estados y municipios, estos últimos son más bien un caso de descentralización política y no administrativa.[6] Vallina Velarde, Juan Luis de la. “La desconcentración administrativa”, Revista de Administración Pública, Madrid, núm. 35, m

La maldicion del centralismo

No basta con ser centro, dice el autor de esta nota, también hay que ser reconocido en ese lugar. Si Buenos Aires es nuestra gran capital cultural, habrá que ver qué lugares le asignan las provincias a la cultura. El antropólogo Rubens Bayardo analiza el papel que juegan el Estado y el mercado en este fenómeno político y económico. Y cuestiona las tendencias uniformadoras que atentan contra la diversidad.

Por: Rubens Bayardo


El término centralismo evoca con facilidad al Estado. Para la antropología lo cultural es una dimensión en la que las sociedades elaboran sus procesos simbólicos y materiales, más amplia que aquella administrada y/o administrable por el Estado. Pero aun así, el centralismo cultural tiene que ver con la edificación de la Nación en términos políticos y de identidad, según principios que buscan producir uniformidad entre los habitantes del territorio del Estado. Estos principios afectan a los imaginarios, las celebraciones, la historia, la lengua, la etnicidad, la religión, las prácticas artísticas y las cotidianas. A la par que se concentra el poder y las jerarquías administrativas, se conforman espacios de reconocimiento, de legitimación y de transmisión del gusto, de lo normal, de lo valioso y de lo deseable supuestamente para todos. El centralismo es un problema en la medida en que no establezca canales suficientes de visibilidad, reconocimiento, respeto, protección y promoción de la diversidad cultural, que nos permitan sentirnos dignos como seres humanos.


La trama múltiple

En la Argentina, el Estado ha cumplido un papel muy relevante en lo cultural, conformando reparticiones en los niveles federal, provincial y municipal. Pero la cultura del país no puede pensarse sin reconocer los papeles fundamentales que juegan lo privado –individual y/o colectivo– y el mercado. Me refiero a las asociaciones civiles tales como bibliotecas populares, centros comunitarios y de colectividades, grupos autogestionados, fiestas y ferias populares, celebraciones. También a la existencia de compañías teatrales, conjuntos de música, canto y danza, creadores, intérpretes, editores y productores en las artes, las letras, la música, la radio, el cine, la televisión y las redes conformadas por los nuevos medios.

Reflexionar sobre el centralismo cultural involucra el análisis de un cuerpo extenso y confiable de informaciones del sector, que apenas ha comenzado a encaminarse en los últimos años. Datos como mapas de infraestructuras, instituciones y manifestaciones, sistemas de información sobre organizaciones, legislación, financiamiento y desarrollo de actividades públicas y privadas, estadísticas e indicadores culturales.

La Secretaría de Cultura de la Nación (SCN) inició en 2003 un estudio de todo el país que contribuyó a conformar en 2006 el incipiente Sistema Nacional de Información Cultural. Por su parte, la Secretaría de Medios de Comunicación realizó entre 2004 y 2006, también a nivel nacional, una investigación orientada a establecer un Sistema Nacional de Consumos Culturales. Entre las provincias se destaca el señero- Relevamiento Cultural realizado en 2001 en Entre Ríos, que contribuyó a la elaboración de un Mapa Cultural del Municipio de Paraná en 2004. Pero luego predominan las ausencias, sólo interrumpidas por estudios muy menores o embrionarios de algunos sectores (museos, fiestas populares) o de algunas prácticas (registros de músicos, de artesanos) que no alcanzan a constituir sistemas rigurosos, continuados y actualizados. A la poca información que hay en el área se suma la frecuente resistencia o negativa a facilitar este tipo de datos, tanto en el sector público como en el privado, especialmente celoso de informaciones que considera sensibles o de conveniencia. Pero aun cuando resulten provisorias y parciales es necesario apoyarse en esas informaciones.

La primera responsable a nivel del Estado federal, la Secretaría de Cultura de la Nación, carece como organismo nacional de un territorio propio: éste les pertenece a las provincias y los municipios. Las acciones de la SCN alcanzan a todo el país, pero tienen particular presencia en la Ciudad de Buenos Aires, donde por resabio centralista residen las más importantes infraestructuras y cuerpos artísticos nacionales. La Dirección Nacional de Acción Federal e Industrias Culturales mantiene vínculos con las provincias y organismos como la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares, la Comisión Nacional de Museos, y de Monumentos y Lugares Históricos, el Fondo Nacional de las Artes, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, y el Instituto Nacional del Teatro, cuentan con representaciones regionales y provinciales. Existieron en los 80 y 90 planes nacionales o federales de cultura que dejaron de formularse, de modo que el vínculo Nación-provincias reside ahora en buena parte en programas y acciones que, al ser convenidos entre ambas instancias, reducen la dimensión centralista.


Responsabilidades compartidas

Así como cada provincia dicta sus leyes, asigna presupuestos y elige a sus gobernantes, también maneja las competencias no delegadas a la Nación. Todas las provincias tienen sus propios responsables en Cultura, aunque el nivel y la jerarquía de éstos varía considerablemente. Sólo en cinco casos las dependencias remiten directamente al Poder Ejecutivo al más alto nivel (Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Neuquén y Tucumán). Es común que Cultura sea una repartición de otro ministerio –usualmente Educación– con rango de secretaría (Chubut, Salta, San Luis, Santa Fe y Tierra del Fuego) o agencia (La Rioja). En la mayoría de los casos estas áreas se incluyen en niveles aún más bajos de la administración, con rango de subsecretaría (Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Mendoza, Misiones, San Juan, Santa Cruz, Santiago del Estero), agencia (Río Negro) o dirección (Jujuy). La jerarquía del área dentro de los organigramas provinciales suele corresponderse con la dimensión de su estructura y dependencias, programas y actividades, y con la existencia de infraestructuras y de cuerpos artísticos propios.

El financiamiento público proviene especialmente de leyes nacionales y provinciales que asignan recursos de las Rentas Generales a estas reparticiones, pero también de asignaciones de otros recursos a fondos específicos. A nivel nacional se destacan el Fondo Nacional de las Artes, el Fondo de Fomento Cinematográfico, el Fondo Especial para Bibliotecas Populares, y el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. En trece provincias existen fondos dirigidos a la acción o a la asistencia cultural en general (Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán) que coexisten con fondos específicos para edición (Chubut, Corrientes, Río Negro, San Luis, Tierra del Fuego, Tucumán), bibliotecas (Chubut, Río Negro, Santiago del Estero, Tucumán) y artesanías (Misiones, Salta).

Según datos oficiales para 2006, el presupuesto de la SCN rondó los $ 248 millones, lo que implica un 0,26% del total del presupuesto nacional, guarismo muy inferior al 1% recomendado por la UNESCO. En algunas provincias el porcentaje del presupuesto cultural era similar o inferior al nacional (Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro), con la notoria excepción de San Juan que registraba apenas un 0,06% de fondos para cultura. Pero en la mayoría de los casos esta situación mejoraba (Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Salta, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tucumán, disponían entre un 0,34% y un 0,43% de su presupuesto para cultura); presentaba incrementos significativos (Catamarca, Jujuy, Santa Fe, Tierra del Fuego entre un 0,60% y un 1,06%) o bien se destacaba ampliamente (San Luis con un 2,73% y la Ciudad de Buenos Aires con un 3,63% de su presupuesto total).

Los niveles de las estructuras organizativas y de los presupuestos dan señales claras de lo poco jerarquizado que se halla el sector cultural con relación a otros, tanto en la Nación como en las provincias. En ámbitos públicos como privados preocupa más el centralismo en la producción agroindustrial, la salud o la educación que en la cultura. La concentración afecta las condiciones de la producción cultural, especialmente en lo que refiere a la distribución, la difusión y la comercialización. Pero también remite a debates no zanjados y pendientes sobre la conformación federal de la Nación argentina.


El centro no se hace solo

El centralismo cultural porteño debería ser relativizado, porque la constitución de un centro no depende de la mera pretensión centralista: es, además, una respuesta a las tensiones dentro de toda la unidad que con éste se funda. No basta con pretender ser centro, para serlo también es necesario ser reconocido como tal.

Cuando Buenos Aires se abre a lo que viene del interior, o cuando organiza iniciativas en las provincias, fortalece su posición como centro, pero a la vez refuerza las centralidades provinciales. El centralismo criticado a Buenos Aires desde algunas provincias, se parece mucho al que desde el interior provincial se atribuye a sus propias capitales. Hecho agravado porque las responsabilidades de éstas en dar visibilidad y reconocimiento a sus patrimonios, a sus pueblos originarios y a su creatividad cultural son mayores que las de la distante Capital Federal. Muchas veces llama la atención la frecuente aparición en las provincias de las mismas figuras artísticas e intelectuales que brillan en Buenos Aires. Esto choca con frecuentes quejas locales por la poca presencia de otros exponentes propios de calidad y trayectoria reconocidas.


El problema del mercado

Pero no se trata sólo de articulaciones, relaciones y confrontación política entre y dentro de los diferentes niveles del Estado. Este es el único espacio de discusión de una problemática mucho más amplia y que lo excede, donde el actor protagónico es el mercado.

¿Es posible seguir escribiendo Estado con mayúsculas en un contexto donde sus competencias y capacidades de intervención son muy limitadas, ante regulaciones que son ejercidas por la "mano invisible" del mercado, desde la cual suelen provenir poderosos autoritarismos, sobre los que poco se habla? El espacio de este artículo no permite explicitar los complejos entrecruzamientos entre Estado y mercado, la existencia de diferentes mercados y lógicas mercantiles. En el juego excluyente de los conglomerados transnacionales de la infocomunicación y el entretenimiento, rige como nunca el "sistema de las estrellas". Este, aunque requiere diversidad cultural para surtirse, impone frenos a la difusión y comercialización de la creación competidora. Invertir en pocos "productos" exitosos, con oferta y propaganda amplias, minimiza riesgos e incrementa ventas y ganancias. Las 4 ó 5 majors que manejan el 80% del negocio de libros, música, cine, etc. a nivel planetario invierten grandes capitales en hacer marketing de unos pocos y oscurecen la mayoría de las expresiones y su pluralidad.

El centralismo es un fenómeno político y económico donde se imbrican el Estado y un mercado que ejerce poderes cuya potencia se acrecienta al tratarse de mecanismos menos evidentes, naturalizados y cerrados al debate. De continuo aparecen y se desarrollan iniciativas descentralizadoras dentro de la creación popular y erudita, en los medios de comunicación alternativos, en el mundo de las redes e Internet, en el Estado. Pero el mercado tiende al centralismo con una pujanza desproporcionada, poco superable desde fuerzas menores. La libertad de mercado que en el mismo movimiento ofrece el acceso a múltiples expresiones culturales, disminuye y hasta impide la visión de muchas otras, ocupada en negocios particulares que distan del bien general y del pluralismo. Las asociaciones civiles, aun cuando vinculan su carácter privado con intereses generales, alcanzan a grupos o sectores acotados, sin una perspectiva abarcadora sobre el bien común.

El espacio privilegiado en el que se asigna y reconoce universalmente a la ciudadanía el derecho a elegir y a reclamar, y la normativa, la institucionalidad y la división de poderes para convalidar estos ejercicios, corresponde al Estado. De aquí la importancia de desarrollar iniciativas que desarticulen el centralismo y la tendencia a uniformar, mediante políticas descentralizadas y pluralistas que permitan dar a conocer y reconocerse a individuos y sociedades con diversos hábitos culturales. Se tratará, entonces, de establecer regulaciones y controles atentos al mercado, que por el momento sólo parece inquietarse por los costos y beneficios económicos, sin considerar los sociales y culturales.

FUENTE: http://www.revistaenie.clarin.com/notas/2008/08/30/_-01748203.htm

La Republica partida

Buenos Aires sigue siendo la idealización de un espacio cultural que contiene todas las fantasías. El mito del "interior" estéril es su contracara. Este número de la Revista Ñ trata de aportar nuevas miradas sobre esa histórica, dramática, oposición.

Por: Jorgelina Nuñez


El problema es antiguo. Tanto, que precede a la constitución misma de la nación. En el origen encierra la imagen de ese puerto populoso de Buenos Aires que fue creciendo en poder económico y político mientras sus habitantes, en contacto con todo lo bueno y lo malo de ese tránsito, ganaban en cosmopolitismo y arrogancia. Lo que fluía de ese embudo gigantesco iba perdiendo ritmo en la llanura y llegaba exangüe a los confines, que se movían con otros tiempos y otras realidades. A nadie se le pasaba por alto que, libradas a su suerte, las diferencias culturales entre esos dos mundos –que son las que aquí nos interesan– abrirían una brecha cada vez más profunda.

El conflicto fue advertido y enunciado por Alberdi y por Sarmiento y adquirió sus tonos más oscuros en los textos de Ezequiel Martínez Estrada hace más de sesenta años. Periódicamente y con mayor o menor énfasis, retorna en discusiones en las que predominan las acusaciones, una penosa descripción de apatías y "ninguneos", envidias y resentimientos. Como si la aparición periódica de la polémica sólo sirviera para constatar que nada ha cambiado y que las posiciones no se han movido de su sitio.
Para salir de ese esquema binario, tal vez vaya siendo hora de encontrar una nueva formulación para las viejas preguntas, poniendo antes en cuestión cada uno de sus términos, pues es difícil creer que las transformaciones globales que modificaron realidades a escala mundial, no encuentren eco también en nuestros propios escenarios.

Más que palabras

Toda vez que se retoma el conflicto cultural entre Buenos Aires y las provincias –y su recurrencia es siempre síntoma de lo lejana que parece su solución– el uso de las palabras adquiere una dimensión dramática en la medida en que ellas evidencian la carga de prejuicios de quien las enuncia. Así, hablar del "interior" o del "resto del país" para referirse a las provincias supone una simplificación que acepta la existencia de un centro a partir del cual todo lo demás es periferia, resto o suplemento. En el mismo acto de nombrar así las cosas se sobreentiende que ese "resto" es homogéneo. ¿Acaso por compartir similares problemas todas las provincias los enfrentan y resuelven de la misma manera?

Lo mismo ocurre con los gentilicios que aluden menos a una pertenencia geográfica que a una determinada forma de pensar y de actuar. Si "porteño" es sinónimo de soberbio y prepotente, lo "provinciano" denota la estrechez de miras y la incapacidad para aceptar situaciones y posibilidades distintas de las propias. Atributos, está claro, que los sujetos no poseen como consecuencia de sus lugares de origen sino de sus actitudes. Es tan provinciano alguien nacido en la capital que desdeña las producciones regionales, como arrogante un correntino –por dar un ejemplo pueril– que rechaza por excéntrica otra música que no sea el chamamé.

La fábrica de los sueños

¿Qué representa en el imaginario nacional la ciudad de Buenos Aires? En primer lugar, la idealización de un espacio que, al menos en lo cultural, parece cumplir con todas las fantasías. A una oferta en materia de espectáculos, salas, museos, muestras, cursos, talleres, música, publicaciones y medios de una variedad inagotable –abrumadora incluso para los más ávidos consumidores de bienes culturales– se le suman no sólo enormes posibilidades de formación, creación, difusión, exhibición y consumo de esos bienes, sino también una densidad demográfica tal que permite que cualquier expresión cuente con públicos propios, algo difícil de igualar en las provincias, incluso en los aspectos más elementales: es habitual que salas de cine o de teatro cierren sus puertas por falta de asistentes y por ende, de rentabilidad. En segundo lugar, la comparación de la ciudad con otras tantas capitales culturales como lo son París, Londres o Berlín. Lo que se olvida es que en países como España, Brasil o los Estados Unidos surgieron polos culturales de primer nivel en otras ciudades que no son sus capitales. Es el caso de Barcelona, San Pablo o Nueva York. Y algo esperable para Córdoba, Rosario o Tucumán. El intercambio y el contacto permanente con los centros internacionales no bastan para explicar la renuencia frecuente de Buenos Aires a incorporar y difundir con igual entusiasmo las expresiones provenientes de otras regiones del país, bajo la excusa de que éstas "atrasan" en términos de evolución artística. Cualquier observador no ingenuo es capaz de advertir hasta qué punto la predilección capitalina por los movimientos vanguardistas con su cuota de sofisticación encubre a menudo un esnobismo injustificado.

Sin embargo, la ciudad es pródiga en gestos bienintencionados hacia las provincias que en buena medida reproducen un paternalismo de larga data. Cuando los organismos oficiales llevan desde la capital espectáculos, intelectuales o artistas a otras regiones, ¿se promueve la reciprocidad? ¿No es llamativo que la mayor parte de las producciones del canal Encuentro se realicen en Buenos Aires? ¿Es imprescindible que –por ejemplo– doce de los trece directores convocados para realizar el ciclo televisivo "Fronteras argentinas" sean porteños?

Es en estos aspectos donde se advierte que el problema merece un cambio importante de denominación. Allí donde se generaliza cargándole todas las culpas a Buenos Aires, se hace imperioso reconocer la responsabilidad de un Estado que no ha sabido ni querido darse políticas culturales auténticamente federales en materia de promoción, difusión y formación de artistas, así como también de espacios y patrimonios. Por otra parte, es falso seguir argumentando que más allá de Buenos Aires reina el desierto. Por fortuna, desde hace tiempo y de manera sostenida, muchos de los fenómenos culturales que se generan en las provincias optaron por un cambio saludable de actitud: con muchísimo esfuerzo, bajos presupuestos y grandes recursos humanos, dejaron de tener a la capital como horizonte y se dedicaron a producir, generando circuitos propios de difusión.
Por último, hay que llamar la atención sobre el costado más oculto de esta trama. Un mercado poderoso, menos atento a las expresiones culturales que a los productos que impone y difunde según criterios en los que la rentabilidad cuenta mucho más que la calidad. Un mercado de múltiples ramificaciones que se beneficia y, por lo tanto, opera a favor de la concentración y el centralismo.

Números y no opiniones

Los diagnósticos impresionistas reducen el problema a una simple cuestión de superioridades e inferioridades. Para no caer en esa trampa, este número especial intentará mostrar que, dejando de lado las apreciaciones personales, hay realidades que se traducen en números de una elocuencia pasmosa. Ningún lamento ni reclamo por parte de las provincias respecto de la falta de atención que históricamente han recibido de las autoridades nacionales en materia de cultura dirá más que la desproporción presupuestaria perceptible en cualquiera de sus rubros. Una desproporción sólo comparable a la que las autoridades provinciales otorgan al ámbito de la cultura en sus propios presupuestos. Las industrias culturales, con sus promesas de trabajo e ingresos, sólo se instalan en aquellos lugares donde la actividad recibe los beneficios de una promoción estatal. Son escasos los ejemplos de empresas privadas que deciden correr algún tipo de riesgo fuera de la capital. Y las esperanzas cifradas en los intercambios vía Internet deben sortear una condición previa: la conectividad (banda ancha) no llega con facilidad a todas partes. Las empresas que brindan ese servicio encuentran que hay regiones del país que no justifican la inversión.

Aportes para la reflexión

Para actuar es preciso conocer y ese conocimiento involucra datos cuantificables. Establecer un estado de situación para advertir los agujeros negros de la cultura contribuye a implementar futuros cambios de rumbo.

El trabajo que abre este número especial pertenece a Rubens Bayardo. Con las herramientas de la antropología cultural, analiza las características del centralismo, especifica cómo los lugares estructurales que la cultura ocupa dentro de los gobiernos revelan el grado de importancia que se les asigna, y subraya la necesidad de que el Estado establezca mecanismos de regulación del mercado. Sobre las inequidades presupuestarias se consultó la opinión del secretario de Cultura de la Nación, José Nun, quien defendió su plan de gestión destinado a paliarlas, y también la del licenciado Héctor Valle, presidente del Fondo Nacional de las Artes, relativa a la relación del organismo con las Secretarías de cultura provinciales.

Los datos que aparecen en la página 12 fueron tomados del relevamiento que llevó a cabo la propia Secretaría de Cultura durante 2007, disponibles en Internet. Algunos remiten específicamente al Laboratorio de Industrias Culturales, de la misma Secretaría. El comentario de la socióloga Stella Puente, especialista en este último tema, provee una interpretación esclarecedora.

Un lugar destacado, aunque del todo insuficiente, lo ocupan un conjunto de fenómenos culturales de altísimo nivel que con un profundo compromiso por parte de las sociedades en las que surgieron, tienen lugar en distintos puntos del país. No se trata de un muestreo, pues en ese caso las omisiones serían flagrantes, sino apenas de un reconocimiento lleno de admiración hacia las personas y las instituciones que, a fuerza de trabajo y de talento, consiguieron abrirse camino más allá de las dificultades y la indiferencia.

Las raíces políticas del conflicto atravesadas por la actitud cambiante de sus protagonistas son el objeto de la nota de la historiadora Hilda Sabato acerca de la mentada "cuestión federal". Por su parte, el sociólogo Héctor Schmucler revisita los textos de Ezequiel Martínez Estrada, encontrando nuevas connotaciones para la frecuentada "cabeza de Goliat". Una perspectiva innovadora aporta Américo Castilla. Producto de su trayectoria en la gestión cultural, su propuesta apunta a otorgarles una nueva funcionalidad a las instituciones culturales que quedaron obsoletas y especificar los objetivos culturales que persigue cada región.

El poeta Santiago Sylvester recorre con desazón el conjunto de antologías poéticas y de historias de la literatura argentina y comprueba la miopía de las perspectivas pretendidamente nacionales hacia las producciones poéticas distantes de la capital. La opinión de Juan Falú refuerza esa historia de incomunicación. A través de la evocación de la mítica revista Hortensia, algunas de cuyas viñetas se reproducen aquí, se intenta aportar un poco de humor sobre el tema.

En materia de industrias culturales, es imposible soslayar lo que está ocurriendo con las editoriales independientes en Córdoba y Rosario, y también lo que promueven proyectos novedosos como el de Vox, de Bahía Blanca. Por último, una investigación de Alberto González Toro hace hincapié en las responsabilidades que les caben a las provincias en el cuidado y puesta en valor de sus patrimonios culturales. Hasta qué punto el turismo los beneficia o perjudica es la pregunta que se hace Alejandro Stilman y que cierra este informe.

FUENTE: http://www.revistaenie.clarin.com/notas/2008/08/30/_-01749004.htm

Entregaron diplomas a Legisladores que asumieron en 1983 y hubo "Fiesta Popular"

25 años de Democracia

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El gobernador de Río Negro, Miguel Saiz, encabezó hoy el acto de entrega de diplomas a ex legisladores provinciales que asumieron en 1983, en coincidencia con el regreso de la democracia al país. El acto se desarrolló en la Legislatura Provincial, en el marco de las actividades conmemorativas por los 25 años de democracia en la República Argentina. A la tarde hubo recitales y fuegos artificiales.

La apertura del acto se desarrolló en el propio recinto, y estuvo a cargo del presidente del Parlamento Rionegrino, Bautista Mendioroz, quien rememorando la primera sesión legislativa del ‘83, le cedió la palabra al ex titular del cuerpo, Adalberto Caldelari, como así también al ex legislador del PJ, Enrique Palmieri y al radical Jorge López Alfonsín.

Luego de las palabras de los ex parlamentarios, se hizo entrega de los distintos reconocimientos de los diplomas, a cargo del gobernador Miguel Saiz; el presidente de la Legislatura, Bautista Mendioroz; y el ex presidente del Parlamento, Adalberto Caldelari.

En su discurso, los ex legisladores recordaron su paso por la Legislatura Provincial luego de un período de inactividad de las instituciones democráticas, resaltando además que en esta oportunidad se está conmemorando un hecho histórico en el país: 25 años de democracia ininterrumpida.

En tanto, en horas de la tarde, el mandatario junto a miembros de su gabinete, autoridades provinciales, e invitados especiales presidió esta ceremonia en los jardines del ministerio de Hacienda de la Provincia, oportunidad en que descubrió junto al Intendente de Viedma, Jorge Ferreira y al Vicegobernador, Bautista Mendioroz, una placa en homenaje al ex presidente Raúl Ricardo Alfonsín, a través de la cual se nombra a dichos jardines con el nombre del ex mandatario nacional.

Este sector fue el 16 de abril de 1986 escenario del anuncio del proyecto de traslado de la capital federal a esta región, en el marco de la convocatoria a marchar “al sur, al mar y al frío”, realizada por Alfonsín.

Durante el acto, transmitido a todo el territorio rionegrino a través de la señal de L U 92 TV Canal 10 y sus repetidoras, fueron homenajeadas las ex autoridades que cumplían funciones en aquel primer período de la democracia recuperada.

La ceremonia finalizó con un mensaje a la ciudadanía del primer mandatario rionegrino. En la oportunidad Saiz señaló:

“Recordar los 25 años del regreso a la democracia en nuestro País tiene que tener un sentido que va mas allá del acto histórico que recordamos y del homenaje a todos aquellos que pelearon por defender, recuperar y consolidar el sistema.

“Tiene que tener el sentido de revisar el contenido de nuestra democracia, sus objetivos, sus fortalezas y sus debilidades para poder actualizarla permanentemente.

“En el acto de homenaje al ex presidente Raúl Alfonsín hace algunas semanas en Buenos Aires recordábamos el sentido que le daba Alfonsín a la democracia en sus discursos electorales: el Preámbulo de la Constitución Nacional. Los derechos que los argentinos queríamos recuperar, la justicia, la libertad, la paz. El contenido era el contenido de una democracia republicana, frente a la peor dictadura de la historia argentina.

“No fue fácil, y recordamos las dificultades por las que se atravesaron, y Alfonsín volvió a definir un nuevo objetivo para esa democracia incipiente. Lo hizo con aquella frase “Con la democracia se come, se cura y se educa”. Era el nuevo objetivo que se planteaba esa joven democracia, el objetivo de lograr una Democracia Social.

“Y así podemos analizar a la democracia como ese instrumento que tienen las sociedades para enfrentar grandes desafíos. La democracia de Irigoyen recuperando la soberanía popular, la democracia de Illia, recuperando la paz social, la democracia de Perón buscando la inclusión social.

“Renovemos nosotros también nuestro compromiso, y los objetivos de nuestra democracia, para que siga viva y vigente en sus ideales.

“La crisis del 2001, le planteo a la sociedad un desafío tremendo. Quizás el desafío más grave que tuvo que afrontar la sociedad argentina. Y la Democracia dio respuesta. ¿Qué hubiera sido sin ella…?

Así como había dado respuesta frente a la dictadura en 1983, dio respuesta frente a la desintegración social, política y económica del país.

“La Democracia se sustenta con ciudadanos y dirigentes con ideales. Dirigentes comprometidos con una actitud constructiva. La oposición por la oposición misma es aquella que solo busca el poder por el poder mismo. Y este cobra valor solo y únicamente si es sensible ante el dolor de la gente, y busca solucionar sus problemas.

“Quienes me conocen saben de mi amplitud democrática. De más está redundar sobre lo importante que considero el nacimiento de nuevos y superadores liderazgos.

“Debemos seguir trabajando firmemente en la superación de antiguas concepciones políticas que nos permitan crecer en consonancia con lo que se nos exige, sin infructuosos enfrentamientos que consumen un tiempo vital indispensable para producir.

“La democracia exige acción e innovación y no llegamos adonde llegamos para ser pasivos protagonistas de un mandato. Hacer política es dialogar, debatir, discutir, deliberar, procurar concertaciones y consensos.

“La democracia también significa respeto absoluto por las instituciones y los poderes del estado. En la democracia no se atenta contra la institucionalidad. En la democracia cada uno debe respetar cabalmente el rol que le fue encomendado.

“En las grandes democracias no existen o no deberían existir los superpoderosos que se creen los dueños de verdades absolutas y señalan con el dedo y acusan con intencionalidad. No tienen cabida aquellos que se exceden en sus facultades, que subestiman a la ciudadanía, que abusan de su rol y producen severos avasallamientos de la independencia de poderes, el equilibrio republicano y la libertad.

“No deben existir los autoritarios que menosprecian las leyes y a las personas, que producen acciones mediáticas inconsistentes e imprudentes degradando y destruyendo al otro como forma de construcción de la imagen propia.

“Este Poder Ejecutivo ha sido y sigue siendo absolutamente respetuoso del resto de los poderes del estado. Exijo a los Legisladores, Jueces y organismos de control igual respeto.

“Reitero lo que dije al momento de asumir esta gestión: “no creo en atajos ni en golpes de efecto en el ejercicio del mandato popular. Creo en la responsabilidad y en la prudencia en la tarea de gobernar, porque la pretensión de obtener réditos políticos de corto plazo es un enfoque equivocado que conspira contra las instituciones y contra la democracia.”

“No hay paz social ni democracia cuando se pretende ordenar la sociedad con pretensiones de verdad absoluta. Así lo indica la historia tanto en nuestra experiencia de argentinos como en la de toda Latinoamérica.

“Cerca de la verdad está la exactitud, y en sus proximidades la objetividad, al punto de que la dicotomía entre esta última y la interpretación constituye un análisis errado del problema.

Una cosa es la ineludible distorsión derivada de la interpretación de los hechos realizada imparcial, honradamente y con la menor subjetividad posible y otra, la interpretación corrompida, que no aspira a la verdad sino que da salida a los prejuicios, a los intereses personales, a las parcialidades y a la intolerancia.

“Los desafíos del 83, deben ser también los desafíos de ahora, y por eso convoco a la ratificación de estos objetivos republicanos y de defensa de las instituciones.

“Ratificamos nuestro compromiso con el pleno e independiente funcionamiento de las instituciones de la Constitución. El respeto a la independencia del Poder Judicial y del Poder Legislativo, de los organismos del control y de los municipios.

“Convocamos a todos a ejercer esa independencia con la más alta responsabilidad institucional que admite la Constitución.

Exigimos a la oposición esa misma responsabilidad para que sus acciones contribuyan al fortalecimiento del sistema republicano y no a su deterioro.

“Convocamos a la sociedad civil, los medios de comunicación y a todos y cada uno de los rionegrinos, a recuperar el sentido que la democracia tiene para cada uno, con los derechos y sobre todo con las obligaciones de responsabilidad social.

“Todos juntos trabajando en la búsqueda de la unidad nacional, recuperando un proyecto de País y de sociedad.

“La búsqueda del diálogo y del consenso, los grandes acuerdos por encima de las pequeñas diferencias.

“La búsqueda de la inclusión social, que ningún argentino quede afuera del sistema social y laboral.

“La recuperación de una ética y una moral republicana y democrática que no se declame, sino que se ejerza.

“Bajo estos pilares es que estamos trabajando todos los días, buscando fortalecer el sentido de la democracia hoy.

“Y lo tenemos que hacer en los actos y gestos más pequeños, desde la solidaridad con el vecino, hasta el dialogo con sectores que piensan diferente en algunos temas, pero con los que tenemos que acordar las grandes políticas de Estado y por sobre todas las cosas con la práctica diaria de interpretar al pueblo, enfrentando la lucha cotidiana.

“Tenemos que hacerlo dando respuestas a los problemas de los rionegrinos. Cara a cara con la gente, mirando y asumiendo con voluntad y decisión los compromisos necesarios que nos permitan enfrentar la realidad de esta provincia para hacerla cada día mejor.

“Vale recordar por un momento que el desarrollo de una nación no se mide sólo por la renta que tenga o el producto bruto que genere. Una nación desarrollada – o una provincia desarrollada, si se quiere – lo es, sobre todo, por el nivel cultural de su gente y la capacidad de solidaridad con que se dota a través del Estado.

“Este es un mecanismo fundamental si efectivamente queremos hacer de Río Negro una provincia moderna, eficaz en su funcionamiento, competitiva en la producción, explotación y exportación de sus recursos e igualitaria para todos sus habitantes.

“Alfonsín nos decía en su mensaje del Luna Park: “Hay que entender que tenemos que trabajar para mejorar la sociedad argentina. Se trata no solamente de un problema de los políticos ni del gobierno. Es un problema de la sociedad, de la sociedad toda, que debe encontrar la forma de receptar los reclamos de cada uno con el propósito de discutirlos, y ver la forma de hallar consensos que superen disensos, que sin embargo necesita, desde luego, la democracia.”

“Frente a la diferencia, tolerancia y concertación, acuerdos y consensos, esa es nuestra democracia hoy.

“Renovamos nuestro compromiso con los ideales de una ética solidaria y una moral cívica, basada en la austeridad y en el compromiso social.

“Los convoco a todos los rionegrinos, a la unión por estos ideales. 25 años de democracia en la Argentina y en Río Negro, nos han enseñado mucho, nos hemos equivocado y hemos aprendido, pero sobre todo ha fortalecido nuestro compromiso con ella.

“Defendamos el esfuerzo de todos aquellos que han luchado y dejado la vida por esta democracia. Vaya hacia ellos nuestro homenaje de hoy”.

FUENTE: Publicado en el diario Anbariloche.com.ar, el 10 de diciembre de 2008

http://www.anbariloche.com.ar/noticia.php?nota=6590

Viedma y Patagones con dos horarios

(Las ciudades de Viedma y Carmen de Patagones siendo una unidad funcional y nacidas de un mismo acto fundacional y en los años ochenta unificadas nuevamente a travez de la ley 23.512 y convertidas en la nueva Capital de la Republica hoy se encuentran con dos horarios diferentes)

El nuevo decreto deja a Viedma y Carmen de Patagones con dos horarios diferentes. Ayer, los vecinos se quejaron y pidieron una solución.

Viedma (Especial) > La preocupación reinó en el atardecer del jueves en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, ante el cambio horario que generaría que Neuquén tenga una hora diferente a la de Cipolletti. Finalmente, el nuevo decreto trajo tranquilidad a miles de trabajadores de la zona, aunque la preocupación se trasladó ahora a Viedma y Carmen de Patagones.

«Acá hay mucha gente que vive en Patagones y estudia en Viedma y viceversa. Durante toda la mañana de hoy (por ayer), las radios estuvieron recibiendo los reclamos de la gente que no sabe cómo va a hacer a partir del lunes. La polémica está instalada y no parece existir una solución», aseguraron desde Viedma.

Además, explicaron que el intendente no está en la ciudad por lo que, al menos en el inicio de la próxima semana, el tema no podrá ser discutido. Sin embargo, en las últimas horas se manejaba la posibilidad de que Carmen de Patagones quede exceptuada del horario de la provincia de Buenos Aires y coincida con el horario de Viedma.

Fuente: nota publicada en el diario "La Mañana de Neuquen" el 18. de octubre de 2008
http://www.lmneuquen.com.ar/noticias/2008/10/18/7869.php

Traslado de la Capital en las Bases de Accion Politica de la UCR (1990)

Las Bases de Acción Política de la Unión Cívica Radical son sin duda el documento donde se encuentran plasmadas el nucleo de las ideas del Dr. Raúl Alfonsín, un verdadero testamento politico y deberían ser tomadas por todo radical como "los nueve mandamientos del alfonsinismo". Muchos de estos puntos no se llegaron a concretar durante su gobierno ni el Dr. Alfonsin los pudo ver materializados en vida, como el traslado de la Capital Federal, la UCR debería trabajar para concretarlo, ya que fue un proyecto muy anhelado por él.

Bases de Acción Politica

Sancionadas el 14 de Octubre de 1990

I.-DERECHOS HUMANOS: "Promover el respeto irrestricto de los derechos humanos y la permanente defensa del sistema democrático, garantizando la plena vigencia de las libertades públicas. Bregar junto a los Partidos Políticos y otros sectores democráticos par impulsar el debate público, el consenso y la concertación como los principales instrumentos de la acción política. Sostener la igualdad de derecho del hombre y la mujer y la lucha contra cualquier intento de discriminaciones por razones de nacionalidad, raza, religión o ideología. Promover el fortalecimiento de la sociedad sobre la base de la afirmación de la libertad de las personas, la participación y la ética de la solidaridad, haciendo de la política una herramienta concreta de transformación y resolución de los problemas sociales en poder del ciudadano. Asegurar el fiel cumplimiento de los acuerdos y convenciones internacionales a los que ha adherido la Nación sobre la defensa y resguardo de los derechos humanos".

II.- REFORMA INSTITUCIONAL: "Impulsar la reforma institucional, que incluye la reforma de la Constitución Nacional, con los objetivos básicos de descentralizar las funciones del poder, establecer sistemas de participación directa de los ciudadanos y sociales, flexibilizar el régimen presidencial promoviendo un papel más activo del congreso en la formación y control del gobierno. Modernizar el poder legislativo, para tornar más ágil y eficiente su actividad, tanto en el procedimiento y sanción de las leyes, como en sus funciones de contralor; reafirmar la independencia del poder judicial, asegurando una política presupuestaria que le de autarquía y garantice su pleno funcionamiento, modernización y eficiencia; promover mayor transparencia, publicidad e imparcialidad en la designación de magistrados, modificar las leyes de procedimientos haciendo realidad las prescripciones constitucionales de inmediatez, publicidad y fácil acceso a la protección jurídica a fin de que el Poder Judicial sea custodio fuerte, ágil e independiente de los derechos individuales".

III.- FEDERALISMO: "Reivindicar las bases federalistas y comunales que contempla la Constitución Nacional en todos sus aspectos institucionales, educativos, culturales y económicos. Promover el desarrollo político democrático armónico de cada una de las regiones geográficas del país impulsando su crecimiento económico, y consolidando la unidad nacional y la democracia en las sociedades del interior del país. Consagrar el derecho del pueblo de la ciudad de Buenos Aires a elegir su Intendente Municipal. Asegurar los intereses de las provincias y establecer un régimen autónomo para los municipios, garantizando los recursos suficientes para cumplir las respectivas funciones. Propiciar el reordenamiento territorial y la desconcentración de la población. Implementar oportunamente el traslado de la Capital Federal".

IV.- PARTIDOS POLITICOS: "Consolidar el sistema de partidos políticos a partir de su reconocimiento como las únicas organizaciones que pueden nominar candidaturas para cargos que se proveen mediante la elección de la ciudadanía, por lo tanto esenciales como expresión de la voluntad popular, como vehículo de información y formación política y como instrumentos indispensables en la formulación y realización de la política nacional. Promover el respeto de los principios democráticos en su funcionamiento interno, mediante disposiciones que garanticen la más amplia participación y el voto directo exclusivo para los afiliados en la elección de autoridades y candidatos. Sostener sistemas electorales que representen la voluntad del ciudadano y eviten la fragmentación de los partidos. Propiciar la derogación de la Ley de Lemas donde haya sido establecido y oponerse a futuras sanciones".

V.- ADMINISTRACION PUBLICA: "Impulsar la reforma de la administración pública nacional, provincial y municipal, de forma tal que el gobierno de la cosa pública responda a principios de eficiencia social, austeridad republicana, centralización, imparcialidad, equidad, igualdad y publicidad de sus actos y regulaciones. Asegurar la designación por concurso, la vigencia del escalafón y la estabilidad. La gestión administrativa deberá procurar brevedad en los plazos, sencillez en los trámites, y transparencia en los procedimientos. Será obligatorio presentar Declaración Jurada de bienes al acceder y al retirarse de la función publica en los tres poderes del Estado".

VI.- ROL DEL ESTADO: "El Estado es la expresión jurídica de la soberanía popular y el factor básico para el desarrollo económico y social y de racionalidad en su intervención sobre el mercado. El Estado contará con los recursos humanos técnicos, normativos y económicos adecuados para ejercer su protagonismo en los procesos económicos. Eficacia operativa, la democratización de sus estructuras y la permanente modernización de sus instrumentos son requisitos esenciales para que cumplan su rol. El planeamiento democrático es el instrumento de cambio estructural hacia una sociedad más justa, libre e igualitaria, imperativa para el sector público, indicativa para el sector privado. El Estado ejerce un papel indelegable en Defensa, Seguridad, Justicia y Educación, Salud y Seguridad Social. El Estado interviene, promueve y regula las relaciones económico-sociales y la reconversión y modernización productiva y de los servicios para lograr el proceso social y cultural igualitario. A esos fines impulsa especialmente la investigación e innovación científica y tecnológica promoviendo la cooperación e integración internacional con la finalidad de generar ventajas comparativas y competitivas reduciendo la dependencia externa. Orienta la asignación de la inversión y asegura la estabilidad requerida para el crecimiento económico. Fomenta la libre competencia y la capacidad creadora de la propiedad y la iniciativa privada para que cumpla una función social. Combate la usura, la especulación parasitaria y todas aquellas formas económicas que tiendan a dominar los mercados o aumentar arbitrariamente las ganancias. El Estado reconoce y apoya la función económica y social de la cooperación libre. Los servicios públicos serán prestados directamente por el Estado Nacional, provincial o Municipal, con la debida participación de los trabajadores, productores o usuarios. Podrán ser dados en concesión cuando este garantizada la mejor prestación asegurando su extensión igualitaria y respondiendo a una armónica integración social y territorial y no menoscabe la capacidad de decisión nacional. Cualquier concesión de servicios públicos esenciales en manos privadas debe evitar la constitución de monopolios, ser transparentes, racional, ordenada, fundada en valuaciones objetivas y precedidas por la sanción de un marco regulatorio adecuado, que incluya entre otros puntos la defensa de los intereses de los usuarios, el plan estratégico del desarrollo empresario y los compromisos de inversión de los futuros prestadores. Se dará prioridad a las cooperativas y organizaciones comunitarias y al capital nacional en la privatización de servicios públicos. El Estado manejará los recursos energéticos, la ampliación de sus disponibilidades, el uso intensivo de los recursos renovables garantizando la igualdad de oportunidades para todos en materia de disponibilidad energética actual y futura en condiciones comparables de continuidad, calidad y acceso para todos los habitantes".

VII.- DESARROLLO SOCIAL: "Propender a un desarrollo social presidido por los principios de equidad, solidaridad, participación popular, inherentes a una concepción amplia de los derechos humanos, que son también violados cuando se impide a los individuos el acceso a los recursos esenciales para su desarrollo integral. Los ejes de política social deben ser: la lucha contra el desempleo, la pobreza y todas las condiciones que tienden a su reproducción; la disminución de las desigualdades sociales y el mejoramiento de la calidad de vida. Es función fundamental del Estado lograr la equidad social y la igualdad de oportunidades y no proveer a un mero asistencialismo. A tal fin deberá proveer los medios para obtener el pleno empleo y el aumento persistente del ingreso de los sectores asalariados, removiendo los factores estructurales que determinan la inequidad social. Hasta tanto se obtengan esos objetivos, serán fortalecidos la vivienda digna, la protección preventiva y curativa de la salud, el acceso a la educación integral y el régimen de seguridad social que comprenda a toda la población, protegiendo prioritariamente a la niñez, a los discapacitados, al núcleo familiar y a la tercera edad. Las organizaciones sociales y empresariales y el sistema de relaciones del trabajo deben democratizarse íntegramente, a partir de la libertad de agremiación, vigorizando la negociación colectiva para encontrar las respuestas adecuadas para las exigencias de una política de crecimiento; distribución más justa de la riqueza y la mejora de las condiciones de trabajo; ratificación expresa y efectiva aplicación de los contenidos del art. 14 bis de la Constitución Nacional. Las Obras Sociales, por su carácter universal, deben estar sujetas a un contralor funcional y patrimonial que asegure su neutralidad y el adecuado cumplimiento de sus fines específicos. Se debe defender la negociación colectiva como mecanismo para mejorar las condiciones laborales y de vida de los trabajadores, así como respetar plenamente el derecho de huelga haciéndolo compatible con la prestación de los servicios públicos esenciales e impidiendo su desvirtuación por vía reglamentaria".

VIII.- ECOLOGIA: "Promover la defensa de los recursos naturales y el medio ambiente, impulsando un desarrollo integral de la sociedad ecológicamente sostenible y estableciendo medidas que impidan la aparición de impactos negativos sobre la naturaleza. Defender los recursos naturales renovables y no renovables. Garantizar a todo ciudadano el derecho de actuar en defensa de la naturaleza. Desarrollar planes integrales para solucionar los problemas que afectan la calidad de vida en el interior del país y en las áreas metropolitanas, incluyendo la acción de las catástrofes naturales. Apoyar la lucha por la conservación de los paisajes naturales, las reservas naturales, la preservación de la flora y de la fauna y los acervos acuíferos y boscosos. Trabajar contra la erosión y desertización. Promover la cooperación internacional para la defensa del medio ambiente, teniendo en cuenta los grandes problemas mundiales que afectan la conservación del planeta y la sobrevivencia de la especie humana; y principalmente, los intereses de los países en desarrollo. Planificar la gestión del ambiente, coordinando la acción de los organismos públicos y privados. Oposición absoluta a que el territorio argentino sea utilizado como deposito de residuos tóxicos, peligrosos o radioactivos".

IX.- EDUCACION: "Educar para una nueva sociedad, democratizando el poder de conocimiento y recuperando el desarrollo científico y tecnológico. Impulsar la legislación que asegure la transformación y financiamiento del sistema educativo en base a los principios de igualdad de oportunidades, posibilidades y educación para todos, consagrados en la Ley 1420 reafirmado el Rol indelegable del Estado, y las facultades concurrentes de la Nación y las provincias, garantizando la laicidad, la calidad de la escuela pública. Revertir el deterioro del sistema educativo en todos sus niveles y modalidades, dotándolo de recursos suficientes para su funcionamiento y adecuando el esfuerzo de la comunidad educativa a los desafíos que la crisis del avance científico tecnológico trae aparejados. Reafirmar los postulados de la reforma universitaria y fortalecer la enseñanza superior impulsando la formación cuaternaria y las tareas de investigación. Integración de la universidad estatal al mercado productivo y de servicios. Garantizar en todos los niveles del sistema la participación de la comunidad educativa en la toma de decisiones y en la conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje. Erradicar el analfabetismo. Garantizar el proceso educativo permanente, mediante mecanismos institucionales, formales y no formales. Ampliar la obligatoriedad de la enseñanza al ciclo medio e incentivar la enseñanza técnica con salida laboral. El monopolio de la habilitación para el ejercicio de las profesiones será responsabilidad del Estado, que controlará su calidad y eficacia. Jerarquizar el sistema científico-tecnológico, tanto en el estudio y resolución de los problemas acuciantes como en la discusión racional y libre de todos los grandes temas de la época. Asegurar el crecimiento y la vitalidad de la base científica del país. Ratificar el rol del Estado en la promoción y financiamiento de la investigación científica y tecnológica, incluyendo el estímulo a la vinculación entre la actividad productiva y la investigación científica y tecnológica, fomentando la incorporación de tecnología de avanzada en el proceso productivo. El Estado garantizará la gratuidad de enseñanza en los tres niveles".

FUENTE: Carta Orgánica Nacional de la Union Civica Radical (UCR)

http://www.ucr.org.ar/

Raul Alfonsin: Memorias Politicas

Contacto: contacto@raulalfonsin.com

El traslado de la capital

La capital de la República Argentina ha constituido un problema siempre presente a partir de nuestra organización como país. La grave y prolongada disputa por su ubicación en la ciudad de Buenos Aires nunca fue saldada, a pesar de la decisión adoptada en 1880 en la que quedó oficializada su situación.

El famoso alegato en que Leandro Alem manifestó su oposición en la Legislatura de Buenos Aires constituyó una verdadera profecía -tal como ha sido llamada- que anunció las consecuencias negativas de la concentración de funciones políticas, económicas y culturales, que actuarían como un succionador de energías del resto del país, en detrimento del cual se construiría el predominio desmesurado e injusto de esa capital desequilibran te. Había triunfado la tesis unitaria que derrotó al federalismo.53 En pleno cenit de la economía atlántica, el centro del poder político ubicado en la Plaza de Mayo se unía directa y estrechamente al puerto. A partir de entonces se produjo el crecimiento fenomenal de la metrópoli; luego de ampliar su perímetro original con la incorporación de Flores y Belgrano al distrito original, esta expansión desbordó sobre el territorio de la Provincia de Buenos Aires provocando una distribución deforme de la población nacional semejante a la de los países menos desarrollados del mundo, con una gran capital y la casi ausencia de otras ciudades significativas.


Ya en 1898, el político y ensayista José Bianco planteaba en su obra Ensayo sociológico la necesidad de tener en cuenta el momento en que "los intereses de la población, los intereses permanentes de la República, el equilibrio político y social, el progreso y la civilización determinen la traslación de la capital federal a otro punto". En 1912, el presidente Roque Sáenz Peña, advirtiendo que "la ciudad de Buenos Aires se ha excedido en su crecimiento al territorio de la jurisdicción de la provincia", proponía la incorporación del distrito de Avellaneda, lo que no se concretó. En el año 1918, Juan Álvarez analiza lúcidamente los problemas derivados del crecimiento desmesurado de la Capital Federal y asevera: "No es misterio que el federalismo argentino jamás movió todos sus resortes en forma satisfactoria". Poco más tarde, en 1921, el español Adolfo Posada escribe sobre el país y dice: "La capital es un monstruo congestionado, rodeado de pampas vecinas, un cuerpo flaco con cabeza que lo hunde o asfixia"; esta comprobación es ya la anticipación de La cabeza de Goliat descrita en 1940 por Ezequiel Martínez Estrada. Ese mismo año, Alejandro Bunge en su obra Una nueva Argentina describe las deformaciones del país y afirma que "el grado de prosperidad puede medirse por la distancia a que se encuentran los centros poblados y los distritos rurales de Buenos Aires". En 1942, dos obras se ocupan del traslado de la capital: la del coronel José María Sarobe, especialista en temas patagónicos, y la de Leopoldo Velazco. Pero, como observa en 1944 Bonifacio del Carril en Buenos Aires frente al país: "Las fauces del coloso continúan insaciables su tarea absorbente, mientras el cuerpo de la Nación dolorida vegeta perdiendo día a día la esperanza de la salvación".54

En 1980, el conglomerado bonaerense alojaba al 35% de la población del país en menos del 1 % de los casi tres millones de kilómetros cuadrados de superficie del territorio continental. La concentración económica y financiera era aún más fuerte: se consumía el 39% de la energía, se ocupaba el 45% del personal en el sector terciario y el 48% en el sector manufacturero. Y lo mismo podía verificarse en otros indicadores respecto de la educación, la cultura, el poder político y todos los demás aspectos de la vida de la sociedad.

Estas solas cifras dan una imagen clara de la aberración de la organización -o mejor sería decir la falta de organización- de nuestro territorio nacional. De esta gigantesca aglomeración escribe la geógrafa Elena Chiozza: "La ciudad pierde su dimensión humana y si para muchos sigue siendo todavía un bien deseable, para otros tantos es motivo de agobio y de quebranto de su salud física y mental"; y para los habitantes del resto del país, el dualismo existente se traduce en la frase del común: "Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires".

La conciencia de esta situación tuvo múltiples manifestaciones en el Congreso Nacional. Los proyectos parlamentarios proponiendo la creación de comisiones especiales para el estudio de la ubicación de una nueva capital o bien el traslado de su sitio actual a distintos lugares o ciudades del país son numerosos. A partir de 1958 hay nueve propuestas de estudio, la última de ellas en 1985, con la misión de determinar el lugar más conveniente al sur del río Colorado; y existieron seis propuestas de traslado, de las cuales tres son de 1986.


Ese año, el presidente Alfonsín -que había solicitado al Consejo para la Consolidación de la Democracia que le diera su opinión sobre el tema- envió el proyecto del traslado de la capital a ubicarse próxima a la desembocadura del río Negro, en ambas márgenes del mismo, en un lugar que incluía los emplazamientos de las ciudades de Viedma y Carmen de Patagones en las provincias de Río Negro y Buenos Aires, respectivamente.55 En sus fundamentos se refería a las controversias apasionadas y los desencuentros históricos que el tema había suscitado, para lo cual planteaba una "solución profunda a lo que es ya un problema nacional". Recogiendo los antecedentes sobre el tema destacaba: "En pocas cuestiones como en ésta ha habido una tan clara conciencia, a partir de la decisión de 1880, de las graves perturbaciones que la capitalización de Buenos Aires iba a traer al desarrollo general de la República. En pocos casos como en éste, el transcurso del tiempo, lejos de ir atenuando las dificultades que se previeron en su momento, ha llevado las mis- mas a extremos que culminaron con una deformación del conjunto nacional".56


La propuesta tiene un sentido profundamente federalista e integrador. En efecto, el río Negro separa el territorio argentino en dos, y el lugar elegido es un punto de articulación entre la parte del país históricamente ocupada y esa enorme región patagónica casi vacía, llena de posibilidades inexplotadas y observada como un promisorio espacio futuro. La capital imaginada se aproxima a la extensísima costa atlántica, mal protegida y con una riqueza marítima apetecida por otros y escasamente aprovechada por nosotros. La infraestructura existente de comunicaciones la vinculaba ya entonces de manera bastante satisfactoria tanto con el norte como con el sur y el oeste del país, habiéndose convertido este último espacio andino en una zona en proceso de transformación y crecimiento en las dos décadas precedentes. El sitio es físicamente de una singular belleza. El río tiene allí 250 metros de ancho entre ambas costas y está atravesado por dos puentes, uno de ellos ferrocarretero. En su enorme extensión, que vincula los Andes con el océano, es navegable para diversas embarcaciones, por lo que presenta posibilidades de un importante desarrollo de las comunicaciones y los intercambios por esa vía. Tiene, igualmente, un enorme atractivo turístico: ejemplo de ello es que existe una extraordinaria competencia náutica internacional que une cada año su nacimiento en la confluencia con los ríos Limay y Neuquén, con su desembocadura en el Atlántico, a más de mil kilómetros. En la orientación norte-sur del país, la localización de Viedma-Carmen de Patagones está ubicada a una distancia equivalente en ambas direcciones. La zona posee un clima benigno y saludable, con un alto número de días de asoleamiento, excelentes playas, sitios y bellezas naturales próximas, que configuran un paisaje que proporciona condiciones para una elevada calidad de vida.


Las ciudades elegidas tienen una fuerte historia conjunta de más de dos cientos años. El Fuerte del Río Negro, fundado en 1779 por Francisco de Viedma al sur del río, dio origen al nacimiento de Carmen de Patagones en la margen norte perteneciente a la actual provincia de Buenos Aires. Este emplazamiento -que conserva un relevante patrimonio histórico urbanístico- tuvo una importancia singular: vinculó Buenos Aires con el sur del país y fue el centro de intercambios con las poblaciones indígenas patagónicas hasta la cordillera. Sus funciones y su valor estratégico se incrementaron cuando en 1825 se produjo la guerra con Brasil. Debido al bloqueo del puerto de Buenos Aires por la armada imperial, el Carmen se convirtió en el único puerto accesible para los barcos de bandera argentina. En esas circunstancias se produjo el hecho heroico en el que los pobladores capturaron el buque de guerra llegado hasta sus costas y derrotaron a los invasores. En el año 1878, para marcar su soberanía sobre los territorios del sur, el gobierno creó la Gobernación de la Patagonia, que abarcaba desde la margen derecha del río Negro hasta la Tierra del Fuego. La capital fue constituida en la margen sur del histórico fuerte, en la actual ciudad de Viedma. Todo esto es indicativo del carácter articulador que este emplazamiento tiene desde su propio origen, y que se pone de manifiesto en distintos momentos y circunstancias de la historia de nuestro país, como señalando este destino futuro para la ubicación de la nueva capital.


El traslado debía provocar un cambio no sólo en la organización de nuestro territorio, produciendo una distinta localización de la población y de las funciones urbanas, sino que, como señala Jorge Enrique Hardoy en su obra The planning of new capital cities, la experiencia internacional muestra que la creación de una nueva capital se conecta con cambios en la orientación económica y demográfica en los territorios que se gobernarán desde allí y tiene repercusiones a menudo fundamentales en la dirección subsiguiente del desarrollo del país. Ése era, precisamente, el objetivo propuesto. Al igual que lo sucedido con Río de Janeiro en Brasil, Sydney en Australia, o Nueva York en Estados Unidos luego de la construcción de las nuevas capitales en estos países, la ciudad de Buenos Aires seguirá siendo el principal centro de la vida nacional. Se marcó entonces el propósito de convertirla en la capital cultural latinoamericana, vocación a la que no debemos renunciar y que debemos propiciar sin vacilaciones y con iniciativas contribuyentes a esa finalidad. Desde su inicio, el proyecto estuvo estrechamente asociado con la reforma administrativa del Estado nacional en la que se venía trabajando. La descentralización que significaba la nueva capital estaba asociada a cambiar no sólo el lugar de gestión administrativa del gobierno, sino la estructura y la calidad de su desempeño, a producir una discontinuidad entre las prácticas anquilosadas y las rutinas enquistadas y a introducir la modernidad en los procesos de reflexión y decisión, y en la gestión. Se preveía la localización de las funciones estratégicas de gobierno en el nuevo centro, el mantenimiento de algunas funciones de gestión en Buenos Aires, y "la descentralización hacia todos los rumbos del resto de las actividades artificialmente concentradas en nuestra Capital Federal, cada una de las cuales debe ir a localizarse allí donde lo aconseje su naturaleza". El traslado selectivo y por etapas de los servicios del Estado fue programado para que su realización se hiciera de manera consensuada y libremente consentida, con una amplia participación de los agentes gubernamentales. Fueron abiertas de inmediato instancias de diálogo con sus organismos representativos.57


El Congreso Nacional sancionó la Ley de traslado de la Capital, y las correspondientes legislaturas provinciales de Buenos Aires y de Río Negro aprobaron las cesiones de tierras respectivas.


Para poner en marcha la ejecución de las tareas requeridas fue creado el Ente para la Construcción de la Nueva Capital Empresa del Estado (ENTECAP), dependiente de la Presidencia de la Nación, que inició en julio de 1986 los trabajos de programación necesarios, trazó las líneas directrices de un plan general de desarrollo urbano, preparó los llamados a concurso de componentes urbanos particulares y los pliegos de licitación de las primeras obras ) básicas de infraestructura, y procedió a la adaptación de obras existentes en ejecución o previstas.


Pero el avance del proyecto tropezó con poderosas inercias y la indiferencia o la resistencia de los intereses manifestados históricamente. En el propio gobierno, el temor al cambio y al desafío que se había planteado apoyaba su reticencia en las dificultades presupuestarias, que se anteponían como una limitación al proyecto. Como lo ha interpretado Rodolfo Pandolfi:58

Se llegó a un punto en que resultó demasiado complicado avanzar con una propuesta utópica. Aunque se tratara casi de una utopía administrativa, el proyecto Viedma no apuntaba hacia las satisfacciones inmediatas sino que constituía una idea fundacional que formaba parte del esquema global. [...] La creación de una nueva Capital fue una de las ideas fundacionales del gobierno radical y mostró sus virtudes más apreciables (la vocación por romper ataduras y generar una vida cotidiana más libre que acompañara a un Estado independiente, la capacidad de imaginar) y sus falencias más evidentes. Entre ellas está la dificultad de comunicación con la gente pero, sobre todo, la dificultad que hizo razonar a Shakespeare: un solo defecto, la indecisión, tiene la fuerza necesaria para permitir que se imponga el fracaso.

El escaso avance logrado en las realizaciones en el terreno facilitó la decisión del gobierno asumido en 1989 de dejar caer el proyecto.

Sería deseable que esta cuestión, que sigue y seguirá teniendo la misma trascendencia como causa de los graves desequilibrios del país y las injusticias sociales que provoca, pueda ser objeto de un análisis y de una reflexión sistemática que involucre a la ciudadanía argentina. Si así fuera, la "capital congelada" del autor citado precedentemente podría volver a ser un reto para una generación futura, que haga suya la propuesta visionaria no realizada del presidente Alfonsín.



Fuente: RAUL ALFONSIN MEMORIAS POLITICAS

http://www.raulalfonsin.com.ar/index2.htm

Alfonsin y el proyecto de trasladar la Capital del Pais a Viedma

El 16 de abril de 1986 el presidente radical Raúl Alfonsín anunció un ambicioso proyecto que incluía el traslado de la capital a Viedma, Río Negro, con el objeto de descentralizar el poder político y económico del país, y al mismo tiempo, fomentar el poblamiento de la Patagonia. Los altos costos del proyecto, la falta de apoyo y la crisis económica que sobrevino pronto dieron por tierra con los planes del líder radical. Transcribimos a continuación el discurso pronunciado por el Dr. Raúl Ricardo Alfonsín durante el acto de entrega del proyecto celebrado en La Plata en esa fecha.

“He querido llegar a la ciudad de La Plata para hacer entrega del proyecto que hemos sometido ayer al Consejo para la Consolidación de la Democracia, por el cual procuramos transferir la Capital Federal hacia la zona donde están hoy ubicadas las ciudades de Viedma y Patagones. Correspondía esta visita puesto que se trata de una zona de la provincia Buenos Aires y desde luego que yo comprendo y sé que no debo abundar en este momento en consideraciones que fundamentan la medida, puesto que cada uno de los aquí presentes sabe perfectamente hasta que punto ha acompañado nuestra lucha, la lucha por el federalismo, por la descentralización, en la que nos habíamos acostumbrado a tomar como una medida fundamental precisamente el traslado de la Capital Federal.

”Todos recordamos, sin duda, el célebre debate que se produjo en la legislatura de Buenos Aires en oportunidad de la capitalización de la ciudad de Buenos Aires, debate en el que Leandro N. Alem, con visión profética, anticipó lo que iba a constituirse como un escollo quizás insalvable para la consolidación del propio sistema constitucional y vinculado fundamentalmente con la consolidación del federalismo.

”Eso ha sucedido lamentablemente. Ha habido una macrocefalia en el país, se ha conspirado contra el desarrollo del interior, y el traslado de la Capital Federal aparece así como una medida de carácter fundamental, si realmente queremos cambiar un sistema que se consolide sobre la base de estas afirmaciones primigenias de las luchas políticas de la Argentina por su organización nacional, pero también el traslado de la capital tiene que estar orientado hacia lo que llamamos la integración de la Republica. Nosotros tenemos en la Patagonia uno de los espacios vacíos más dilatados del planeta y esto hace, en cierta forma, vulnerable a nuestro país. Y la paradoja es que tenemos en la Patagonia riquezas sin fin, riquezas energéticas, riquezas ictícolas, riquezas en la precordillera, que permitirían utilizaciones para la actividad agropecuaria, riquezas en cuanto a las posibilidades de explotación del turismo En fin, todo esto que conocemos que brinda la Patagonia al resto de la Argentina, y particularmente a las zonas más desarrolladas de nuestro país. Se trata también entonces de revertir esta situación. Yo muchas veces he dicho que con respecto a la Patagonia el federalismo no alcanza, hay que hacer un esfuerzo nacional para lograr realmente este desarrollo postergado en una zona que aparece como pobre cuando en realidad está empobrecida pero con una riqueza potencial realmente importante.”

FUENTE:

http://www.elhistoriador.com.ar/documentos/raul_alfonsin/alfonsin_y_el_traslado_de_la_capital_a_viedma.php

Expropiacion de la Manzana Historica

Viedma: el Concejo aprobó el proyecto que irá a la Legislatura para expropiar la Manzana Histórica

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad el proyecto del Poder Ejecutivo que plantea la expropiación de la sección 18-1-A-247-12B de la Manzana Histórica de la ciudad.

Los ediles, de esta forma, votaron a favor de “declarar de interés municipal y utilidad pública a los fines de su expropiación” el inmueble, declarar “sujeto expropiante” al Municipio, que deberá afrontar los gastos de la aplicación de la ley 1015, elevar a la Legislatura el pedido de expropiación y declarar Patrimonio Histórico y Cultural al inmueble.

El proyecto fue puesto a consideración de la comunidad el pasado 14 de mayo, mediante la realización de una Audiencia Pública, y resultó con dictámenes favorables de las dos comisiones que lo analizaron: Hacienda, conformada por los concejales Fabiana Malpeli, Pedro Sánchez y Liliana Andaloro; y Gobierno, conformada por los concejales Alejandro Arizcuren, Ariel Gallinger y Laura Ramos.

La iniciativa fue respaldada por los concejales Agustina Kehler, Fabiana Malpeli, Laura Ramos, Alejandro Arizcuren, Pedro Sánchez y la presidenta, Hilda Schlitter, quienes dieron argumentos a favor del proceso de expropiación.

La sesión comenzó pasadas las 9 hs. y también incluyó el pedido de licencia sin goce de haberes del concejal Gallinger, del 2 al 12 de junio próximos, aprobado por mayoría.

La concejal Liliana Andaloro, en tanto, estuvo ausente por motivos de salud.

El encuentro parlamentario concluyó a las 11.


PROYECTO DE ORDENANZA


ANTECEDENTES:


- Expediente Nº 1241-S-2008 del Registro del Poder Ejecutivo Municipal caratulado “SECRETARIA DE GOBIERNO S/ DECLARACION INTERES MUNICIPAL CON EL FIN DE EXPROPIACION MZA. HISTORICA 18-1-A-276-12B”.

- El Convenio celebrado el 22 de mayo de 1986 entre la Comisión Ejecutiva del Bicentenario y la Institución Salesiana San Francisco Javier, por el cual se cede a la comunidad de Viedma el edificio ubicado en la calle Rivadavia esquina Colón.

- La Resolución Nº 1901/86 de la Secretaría de Cultura dependiente del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación.

- La Ordenanza Nº 2253/88

- La Resolución Nº 1895/88 del Presidente del Concejo Municipal ratificada por Ordenanza Nº 2360

- El Convenio Nº 08/89 celebrado el 5 de julio de 1989 entre la Municipalidad de Viedma y el Ente Para la Construcción de la Nueva Capital, aprobado por Ordenanza Nº 2433/89.

- El Convenio celebrado el 22 de mayo de 1990 entre la Municipalidad de Viedma y el Ente Para la Construcción de la Nueva Capital, aprobado por Decreto Municipal Nº 763/90.



FUNDAMENTOS:


En el corazón de la ciudad, entre las calles Rivadavia, Alvaro Barros, Pte. Irigoyen y Colón, se encuentra la MANZANA HISTÓRICA, uno de nuestros más preciados patrimonios culturales, cuya excelente construcción permitió que fuera uno de los pocos edificios que resistiera la gran inundación de 1.899. Desde ella, los Salesianos extendieron su obra a toda la Patagonia. Por eso, junto a la Plaza Alsina, la más antigua de Viedma, fueron reconocidas como monumento y lugar histórico en 1986, respectivamente.

Por Resolución N°1901 del 17 de noviembre de 1986, el Secretario de Cultura de la Nación declaró lugar histórico a la plaza Adolfo Alsina (catastro municipal Manzana 237), y monumento histórico al conjunto edilicio formado por la Iglesia Catedral, la ex Capilla del Colegio María Auxiliadora, el ex Colegio San Francisco de Sales y el Obispado (Catastro municipal, manzana N°247).

Bajo las indicaciones del Cardenal Juan Cagliero, el sacerdote salesiano y arquitecto Juan Aceto construyó este edificio, inaugurado en el año 1897. El padre Vachina, que en el año 1898 se hace cargo de la Dirección del colegio, lo define como monumental.

La Manzana Histórica cobija a la Catedral, fundada en 1880, y al antiguo colegio Salesiano, con su hermosa capilla, que fue sede del obispado más antiguo de la Patagonia, donde estudió nuestro Beato Ceferino Namucurá.

Este importante edificio también se constituyo, entre 1878 y 1884, en la sede del gobierno de la Capital del Territorio Nacional de la Patagonia, en una construcción contigua al patio del viejo colegio. Además fue sede del Vicariato Apostólico de la Patagonia, de la Escuela de Artes y Oficios, de la Escuela de Enseñanza Agrícola, del Asilo de Menores, del Hospital San José y de los talleres del periódico “Flores del Campo”.

Es de notar que, tanto por su belleza como por el cuidado en su construcción, el deseo del Cardenal Cagliero era demostrar a los vecinos de Viedma que los salesianos no se dedicaban solamente a las cuestiones religiosas, sino también al arte.

En su hall de acceso hay una inscripción que dice “Bonorun Artiun Cultores”, que expresan la voluntad de que el edificio deberá ser una obra de arte. Como tal, su característica más notoria es la torre, donde la influencia de la arquitectura románica combinó el recinto macizo con una fuerte dirección vertical.

La torre opera como un elemento formal de primerísima importancia. Tiene un basamento de planta regular hasta el segundo piso, formando una terraza de igual planta. Desde ella arranca la torre propiamente dicha, octogonal y de dos pisos más de altura. En cuatro de sus ocho caras tiene un reloj de esfera blanca y números romanos, que se visualiza desde cualquier ángulo, y que marcó desde entonces y hasta hoy las horas transcurridas.

La cúpula de la torre responde a los cánones del estilo románico. En su interior se halla emplazada la campana que se utilizaba para congregar a los fieles. En ella puede leerse una inscripción de los artesanos que la diseñaron: “Pía Sociedad Salesianorum 1.893 – Sancte Laurenti ora pro novis - Mazzola Gus Guiusepi – Fonditore Torino”.

Asimismo, la torre fue un observatorio metereológico, desde donde los salesianos realizaban este tipo de mediciones. Sin duda constituye uno de los símbolos de la ciudad; y la Manzana Histórica, referencia del nacimiento de la historia de la Patagonia, no sólo porque paso por ella Ceferino Namucurá, sino porque allí, durante casi cincuenta años, se imprimió el periódico “Flores del Campo”.

El 17 de Mayo de 1903, dirigido por el Padre Bernardo Vachina, aparece en Viedma el primer número del periódico “Flores del Campo” de la Misión Salesiana, el que se editó hasta finales de la década de 1.940.

En 1880, la Orden de los Salesianos se había instalado frente a la plaza principal de Viedma, pero se radica definitivamente en la Manzana Histórica cuando designan a Monseñor Juan Cagliero como primer Obispo-Vicario Apostólico el 30 de octubre de 1884. La acción educativa y social de la orden de Don Bosco fue fundamental para la región a partir de la creación del Vicariato Apostólico de la Patagonia, en noviembre de 1883.

El conjunto de edificios que construyen los salesianos al llegar a Viedma, que se concentran en la “manzana histórica”, dan cuenta de la extraordinaria misión que desde allí llevaron a cabo en toda la Patagonia.

Como se señala en párrafos anteriores, fue el Padre Juan Aceto quien realizó los planos, la dirección de obra y la decoración interior de las dependencias del Vicariato, terminadas en 1897. En el año 1904 las dependencias del Vicariato pasaron a ser parte del colegio San Francisco de Sales, y desde 1975 fueron destinadas al museo Salesiano.

El colegio María Auxiliadora sobre la actual calle Rivadavia es, probablemente la más antigua de las construcciones salesianas. La capilla, diseñada por el Padre Aceto, fue bendecida el 29 de Mayo de 1892 por Monseñor Cagliero, quien un año después trajo de Italia su altar de mármol. Del colegio, que funcionó hasta la década del ´20, sólo se conserva la capilla (salvada por el Colegio de Arquitectos de Viedma).

El Colegio San Francisco de Sales se inauguró el 24 de Marzo de 1884 con treinta alumnos. En los primeros tiempos, ocupó un modesto local al lado de la Iglesia, en tanto se construía el edificio definitivo, con estructura de hierro y bovedillas de ladrillos. Se inició como escuela elemental para varones, pero en 1889 se agregó una sección de artes y oficios y, un año después, otra de enseñanza agrícola.

Entre 1894 y 1910 funcionó, también, un asilo de menores, con niños provenientes de la región y otros puntos del País. La Escuela de Artes y Oficios y de Enseñanza Agrícola dejaron de funcionar en la década del ´30.

El 20 de Abril de 1934 se crea la nueva Diócesis de Viedma, con jurisdicción en Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Actualmente, la Manzana Histórica alberga la Catedral, el Obispado, la Parroquia, la Biblioteca Mitre, el Museo del Agua y del Suelo, el Museo Gardeliano, la Capilla, el Museo Salesiano, algunas dependencias municipales, y oficinas públicas y privadas.

En tiempos más recientes han funcionado en ella el Instituto de Profesorado de Educación Física de Río Negro (IPEF), la Dirección Provincial de Tierras y en fecha más cercana la Agencia Micro Regional de la Red de Agencias de Desarrollo Económico Rionegrino (CREAR).

El 22 de Mayo del año 1986 se suscribe un convenio entre la Comisión Ejecutiva del Bicentenario; y la Institución Salesiana San Francisco Javier, Asociación Civil cuyo apoderado era Juan Caviale, reconocidos vecinos de nuestra ciudad conformaban la Comisión ejecutiva del Bicentenario, en representación de la comunidad de Viedma: su Presidente y su Secretario Dn. Vicente Naim PEREZ y Dn. Mario LINI respectivamente. De este convenio también participaron el entonces Intendente Municipal Juan Cabalieri y por el Ministerio de Educación y Cultura, el Prof. Nilo Juan Fulvi.

Por medio del convenio mencionado, la Institución Salesiana en su condición de propietaria cede, “gratuitamente y a perpetuidad” a la comunidad de Viedma, representada por La Comisión Ejecutiva del Bicentenario, el edificio ubicado en calle Rivadavia esquina Colón.

El edificio cedido está compuesto por el subsuelo, la planta baja, los dos pisos y la torre del reloj que se destina a Museo Salesiano, Museo Tecnológico de Agua y del Suelo, Biblioteca Popular “Bartolomé Mitre” y otras actividades que podrán agregarse en beneficio de la población viedmense. Conforme se convino denominarlo “Centro Histórico – Cultural Salesiano”.

También, la Institución Salesiana cedió, para su exhibición pública, todo el mobiliario y material religioso y de carácter histórico, que quedaría expuesto en las salas que actualmente ocupa, sin poder darle otro destino o traslado.

La cesión descripta en párrafos anteriores representa un logro a destacar para la comunidad de Viedma, y a ella se le debe sumar otra acción llevada a cabo por el estado municipal para preservar su acervo histórico y cultural: la adquisición de las parcelas 7 y 8 de la manzana histórica, sobre calle Rivadavia.

Con respecto a este hecho, el 16 de diciembre de 1988 se suscribe el convenio entre la Municipalidad de Viedma, representada en esa ocasión por el Presidente del Concejo Municipal, Dn. Aldo R. Martínez, y los representantes de la masa de acreedores del concurso preventivo de Julio Anselmo Escot.

Al haberse decretado la venta de estos inmuebles por subasta pública, el Municipio, con el fin de evitar se lleve a cabo dicha subasta, adquiere estas parcelas para destinarlas al Ente para la Construcción de la Nueva Capital (ENTECAP) – Empresa del Estado Nacional.

Esta operación, aprobada por Ordenanza N° 2360 de fecha 9/02/1.989 del Concejo Municipal de Viedma, derivó en la cesión, por parte del Municipio al ENTECAP, de todos los derechos y acciones emergentes del compromiso de compraventa suscripto el 16/12/88 con el objeto de preservar el patrimonio cultural e histórico de los núcleos urbanos existentes en el área a federalizar. Por este acto, el Ente Nacional se comprometió abonar la suma invertida por el Municipio.

Esta cesión fue dejada sin efecto por rescisión del convenio entre el ENTECAP y la Municipalidad, el 22 de mayo de 1990 ante el estado de liquidación y disolución del ENTECAP. Así los lotes 7 y 8 de la Manzana Histórica vuelven a ser propiedad de la Municipalidad de Viedma, por el convenio que fuera aprobado mediante Decreto Nº 763/90 de fecha 24/05/1.990.

La recuperación de una parte de su patrimonio histórico por parte del Estado Municipal debe obrar como un antecedente al que se le tiene que dar continuidad, en esa dirección se debe avanzar para recuperar otro sector de nuestra manzana histórica, de manera tal de preservar lo que sin duda es una marca constitutiva de nuestra identidad.

En tal sentido, el edificio que fuera sede del Colegio San Francisco de Sales conserva actualmente las características arquitectónicas con que fuera concebido originalmente, constituyendo aun hoy un icono de la identidad histórica de la comunidad.

Por tal razón, la sociedad viedmense, a través de sus más representativos sectores, ha expresado de forma inequívoca su voluntad de resguardar el edificio como integrante de su patrimonio histórico cultural.

Hay otra razón que hace necesario la incorporación de la Manzana Histórica al patrimonio público. Es menester considerar que el mantenimiento de la construcción en sus características originales demanda continuas y costosas erogaciones, y que el estado municipal debe afrontarlas en pos de su conservación, con el fin de cumplir con el mandato instituido por los vecinos.

La manzana histórica es, la expresión de un entramado, de una tradición, sobre la cual nuestra comunidad proyecta su sentido de pertenencia y permanencia. Es el sitio donde dialogan pasado y presente para construir un modelo de futuro. En resumen, cuando hablamos de patrimonio y en especial de nuestra manzana histórica, hablamos sobre todo, de nosotros mismos.

Se trata, en definitiva, de la responsabilidad que tienen los pueblos de respetar y defender sus patrimonios culturales y de cuidar sus monumentos históricos. Y del compromiso de los gobiernos, de protegerlos, conservarlos, restaurarlos, manteniendo su legado para la posteridad.

Por ello es deber del gobierno comunal declarar de interés municipal en su calidad de monumento histórico, el inmueble y edificación situados en la manzana 247 parcela 12B de nuestra ciudad, con miras a su declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación.

Que según informe de dominio expedido por el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Río Negro, el inmueble descripto tiene titularidad dominial a nombre del Señor Tomás Armando Rébora, LE. 6.030.541, según inscripción en la Matrícula Nº 18-15358 en base al Plano Nº 399/92

Esta iniciativa en su aspecto legal encuentra su basamento en las previsiones del artículo 17 de la Constitución Nacional, que recepta nuestra Constitución de Río Negro en su artículo 90 que expresa que la expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley, previa y justamente indemnizada. Ello, también, en función del artículo 2511 del Código Civil Argentino.

Fundado en el régimen municipal de la Provincia de Río Negro, esta propuesta parlamentaria tiene sustento jurídico en los artículos 225 y concordantes de la Constitución local, que reconoce la existencia del Municipio como una comunidad natural, célula originaria y fundamental de la organización política e institucional de la sociedad fundada en la convivencia. Asegura el régimen municipal basado en su autonomía política, administrativa y económica.

En particular, el artículo 229 en su inceso 5º de la citada Carta Magna faculta a los Municipios a declara de utilidad pública a los fines de la expropiación los bienes que considere necesarios, estableciendo su derecho a gestionar la sanción de la Ley respectiva.

Así este Concejo Deliberante, en atención al artículo 51 inciso 23 de la Carta Orgánica Municipal, puede declarar de interés Municipal, con el voto de las dos terceras (2/3) partes de sus miembros, los bienes que estime conveniente para el cumplimiento de sus fines, elevando el pedido de expropiación a la Legislatura de la Provincia de Río Negro para el dictado de la correspondiente declaración de utilidad pública por Ley. Así también esta Municipalidad será el sujeto expropiante (articulo 3º inc. b de la Ley Provincial Nº 1015).

Por ultimo será de aplicación en lo pertinente la Ley Provincial Nº 1015, toda vez que en su artículo primero establece que el concepto de utilidad pública comprende todos los casos en que se persiga la satisfacción de una exigencia determinada por el perfeccionamiento social y también en cuanto a la indemnización del caso y el derecho público aplicable.


Por ello:


EL CONCEJO DELIBERANTE DE VIEDMA SANCIONA CON FUERZA DE O R D E N A N Z A


Artículo 1º: Declarar de interés municipal a los fines de su expropiación, el inmueble identificado catastralmente como 18-1-A-276-12B, en su carácter de monumento histórico de la Ciudad de Viedma.

Artículo 2º: Declarar sujeto expropiante a la Municipalidad de Viedma, que tendrá a su cargo los gastos y demás costos que demanda la Ley 1015.

Artículo 3º: Elevar a la Legislatura de la Provincia de Río Negro el pedido de expropiación del inmueble identificado catastralmente como 18-1-A-276-12B ubicado en el ejido municipal de la Ciudad de Viedma, inscripto en la Matrícula Nº 18-15358, Plano Nº 399/92, a los efectos del dictado de la ley correspondiente declarando su utilidad pública y sujeto a expropiación, en los términos del artículo 229 inciso 5º de la Constitución de la Provincia de Río Negro, artículo 51 inciso 23 de la Carta Orgánica Municipal y artículos 2º y 3º de la Ley Provincial Nº 1015.

Artículo 4º: El inmueble expropiado será considerado Patrimonio Histórico y Cultural de la Ciudad de Viedma.

Artículo 5º: De Forma

NOTA: Publicado en el Diario Digital La Palabra, el jueves, 29 de mayo de 2008

http://www.diariolapalabra.com.ar/content/view/9789/26/